Ciudad de México. El incremento de la deuda pública a la par que la reducción en la inversión en infraestructura fueron las dos principales preocupaciones que investigadores y especialistas de organizaciones civiles plantearon en un foro denominado“Congreso Sombra” para analizar los ingresos y el presupuesto que el gobierno federal plantea y aprueba el Congreso de la Unión.
“En el paquete económico se está proponiendo un déficit que es 44 por ciento menor al nivel de endeudamiento que se está pidiendo para 2018, lo que significa que el gobierno va a tener un colchón enorme para aumentar la deuda. Esto ha sido así a lo largo del tiempo. Al gobierno le gusta tener suficiente comodidad y flexibilidad (para endeudarse), y en un año electoral, pues más ¿verdad? Si hubiera un real contrapeso en el Congreso se cuestionaría si es necesario o no un colchón de este tamaño”, cuestionó Mariana Chávez, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, organización que junto con Borde Político convocaron al “Congreso Sombra”.
“El costo financiero de la deuda pública ya representa 3 por ciento del productor interno bruto (PIB) – 698 mil millones de pesos –, superior al presupuesto que se destina al sector salud. Se está regresando al nivel que tenía en la década de los noventa. Es una bandera roja que no hay que dejar olvidada”, advirtió Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La deuda comenzó a crecer desde 2007 con el gobierno del panista Felipe Calderón y continuó a la alza con la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de que el petróleo llegó a venderse hasta en 100 dólares por barril en el sexenio del primero y las arcas federales registraron una recaudación extraordinaria de impuestos con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 con el mandatario actual.
La deuda no bajó nada pese a esos factores y sólo hasta ahora, por primera vez en una década, se reducirá de 51 a 48 por ciento del PIB pero por el remanente del Banco de México (BdM), agregó Cantú.
Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que aunque la deuda pública bajó como proporción del PIB, hay «mucha deuda oculta» conformada por los pasivos en pensiones y universidades públicas, la que existe en las asociaciones públicas-privadas o el financiamiento que obtienen los gobiernos de sus proveedores, principalmente pequeñas y medianas del país que “son los cristos, los grandes sacrificados”, entre otros factores.
Incluso mencionó que también parte de esa deuda oculta son los rescates financieros que el gobierno federal termina haciendo de las deudas de los gobiernos estatales que se realizan de manera discrecional o corrupta “sobre todo en épocas electorales cuando se sirven en bandeja de plata a cambio de votos”.
Cada año lo que se discute es el monto de la deuda que se autorizará al gobierno federal contraer, pero nunca se determina cuál es el fin para el que se pide o los programas y proyectos que financiará, señaló Mariana Campos. La deuda no se ha destinado a inversión productiva porque apenas 56 centavos de cada peso se aplican en inversión física.
Díaz Infante precisó que la inversión en infraestructura apenas representa 3 por ciento del PIB, lo mismo que el costo de la deuda, cuando debería ser del 7 por ciento. Además de que se hacen pocas obras, dijo, se hacen mal, porque se construyen ciclopistas o velódromos.
Mariana Campos advirtió que aunque ahora el gobierno federal plantea “regresar a un balance positivo, éste es insuficiente porque el costo financiero de la deuda es de 698 mil millones de pesos y el balance primario es de 198 mil millones, así que sólo se pagaría un tercio y los otros dos tercios se van a pagar evidentemente con más deuda. Sólo se contrata más deuda para pagar deuda y no para proyectos productivos” .
Consideró que si las agencias calificadoras redujeron sus calificaciones obre México hace algunos meses mandaron las señales de alerta sobre el crecimiento de la deuda y por eso las autoridades comenzaron a tomar medidas al respecto, pero cuestionó si el modelo institucional es adecuado para controlar la deuda porque actualmente gobierno y congreso tienen tanta flexibilidad que no hacen compromisos legales más que por un año y nunca cumplen con las metas que se fijan cada año de bajar el endeudamiento.
En tres mesas de análisis, los investigadores que participaron en el “Congreso Sombra” cuestionaron e hicieron propuestas sobre el gasto público, los ingresos y la deuda pública. Al final, compartiendo la mesa con los senadores Mario Delgado y Francisco Búrquez así como con el diputado José Antonio Estefan, Mariana Campos resumió las conclusiones del foro y anunció que entregarán las propuestas al Congreso de la Unión.
Cuestionado sobre qué margen o incidencia tendrán en el Poder Legislativo las propuestas del “Congreso Sombra” sobre el paquete económico para 2018, Mario Delgado, puntualizó que las decisiones “se resuelve por mayoría y PAN y PRI comparten el mismo modelo económico, hasta el mismo secretario de Hacienda han tenido- – dijo en referencia a José Antonio Meade –“. Explicó que desde 2015 se flexibilizaron los criterios para contratar deuda pública porque antes sólo podía hacerse para destinarla a inversión productiva.
Fuente: La Jornada/Susana González G.
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