Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 3/2017, dirigida a Mikel Arriola director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras la vulneración de los derechos humanos de una mujer, a quien se le colocó un dispositivo intrauterino sin su consentimiento, después de tener su parto en el Hospital de Gineco-Pediatría 3-A, del IMSS en la Ciudad de México.
En un comunicado, la CNDH dijo que tras investigar los hechos, encontró «elementos de convicción suficientes» que acreditan la violación de los derechos a la libertad y autonomía reproductiva, en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción; a elegir el número y espaciamiento de los hijos, y a una vida libre de violencia obstétrica.
De acuerdo con la indagatoria del organismo, la agraviada -de 26 años de edad- no deseaba método de anticoncepción alguno, por lo que se negó a firmar una autorización para que se lo implantaran, por considerarlo una violación a su cuerpo y a su derecho a elegir sobre él.
El 9 de marzo de 2016, la mujer, con síntomas de labor de parto, acudió al hospital donde fue valorada por un médico y dos servidores públicos, y el primero no recabó por escrito el consentimiento informado de servicios de anticoncepción de la víctima e intentó obtenerlo cuando le practicaba una operación cesárea. El dispositivo le fue impuesto sin su consentimiento.
Por ello, la CNDH recomendó al director general del IMSS reparar el daño ocasionado a la agraviada, conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica y psicológica; se diseñe e imparta en el Hospital de Gineco-Pediatría un curso y un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente sobre la libertad y autonomía reproductiva, en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción y sobre violencia obstétrica.
Además, se deberá colaborar con este organismo nacional en el procedimiento administrativo que se inicie contra el médico responsable; se implemente una campaña de difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre la erradicación de la violencia obstétrica en el Hospital de Gineco-Pediatría.
Finalmente, se emita una circular en la que se explique al personal médico y de salud del IMSS que la solicitud del consentimiento es obligatoria y deben respetarse las decisiones de las pacientes en lo concerniente a servicios de planificación familiar; se colabore con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se inscriba a la agraviada en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley en la materia.
Fuente: La Jornada/Redacción
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