Gastan en Colima millones para ampliar un obsoleto pabellón psiquiátrico

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COLIMA, Col. (apro).- Moisés Rozanes Tassler, exsecretario técnico del Consejo Estatal de Salud Mental (CESM), calificó como “un retroceso” que la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS) haya gastado 17 millones de pesos en la ampliación del pabellón psiquiátrico del Hospital General de Ixtlahuacán.

Ese modelo de atención, afirmó, ya está rebasado por la psiquiatría moderna y los recursos económicos pudieron haber sido usados para tratar las enfermedades mentales desde una perspectiva distinta.

Las instituciones de este tipo, advierte en entrevista, “ya ni siquiera deberían existir, son un resabio medieval; en muchos países la tendencia actual es hacia su desaparición y, desde hace más de 25 años, los organismos internacionales relacionados con la salud han recomendado dejar de tratar a los enfermos mentales como si fueran delincuentes”.

El especialista añade: “Lo que a mí me parece aberrante es que después de 25 años de haber creado este centro no solamente no ha mejorado, sino que cada vez está más desatendido el sistema de servicios de salud mental en Colima”.

El Consejo Nacional de Salud Mental sugiere la creación de centros de salud mental comunitarios, la instalación de camas psiquiátricas en los hospitales generales, así como de hospitales psiquiátricos de corte inmediato, pero nada de esto hay en Colima, indica Rozanes.

Según diversos estudios realizados a nivel general, dice, sólo 3% de los enfermos mentales han participado en delitos graves y el resto, contra lo que piensa la mayoría de la población, no representan un peligro para los demás ni para sí mismos.

“Cómo es posible que en Colima sólo tengamos la opción del pabellón psiquiátrico, pero no tenemos centros de salud mental comunitarios, donde se podría hacer promoción de la salud mental, prevención, diagnóstico, tratamiento, y ahí contener el problema en más de un 90% de los casos de las personas con problemas emocionales”, cuestiona.

Y fustiga:

“Lo único que tenemos oficialmente en Colima de parte de la Secretaría de Salud para atender a miles de personas con problemas emocionales o psiquiátricos es un hospital cerrado en el municipio de Ixtlahuacán, alejado de los centros urbanos, en condiciones insalubres, hacinados, mezclados hombres y mujeres”.

Así mismo, añade, la Secretaría de Salud no ofrece servicio de consulta externa psiquiátrica en ningún hospital ni centro de salud de la entidad, con excepción del pabellón psiquiátrico, donde se encuentran concentrados los seis especialistas de esta área con que cuenta la dependencia para la atención de toda la población abierta del estado.

“No hay personas más desprotegidas —ni los niños, ni las mujeres, ni los ancianos— que los enfermos mentales, porque éstos son los más pobres de los pobres; pero si la familia de un paciente tiene recursos no lo va a mandar al pabellón psiquiátrico, el problema no es principalmente de carácter médico, sino jurídico y socioeconómico, y eso no quieren entenderlo, no quieren tocarlo: el problema es que no estamos hablando de enfermos mentales, sino de gente muy pobre con enfermedades mentales”.

La mayoría de los pacientes, expone Rozanes, no están en el pabellón psiquiátrico sólo por estar enfermos, sino porque son pobres, sus familias están desintegradas y no tienen acceso a un servicio de salud mental cerca del lugar donde viven.

Aunque la psiquiatría no puede curar definitivamente los padecimientos mentales, en algunos casos ayuda a que la gente recupere en cierta medida su posibilidad de reintegrarse a la sociedad, pero en Colima, señala el especialista, “tenemos un pabellón psiquiátrico que es exclusivamente para encerrar a la gente y no les ofrece ninguna opción de reinserción social cerca de sus hogares, de sus centros de trabajo, de su comunidad”.

—¿Qué se hace con los pacientes en el pabellón psiquiátrico?

—Se les encierra y se les medica. Punto.

—¿Durante algún periodo determinado?

—En algunos casos es indeterminado. Hay casos de personas que llevan años saliendo y regresando. Sus propios familiares los llevan a veces por caprichos, inquinas o ignorancia, por lo que el pabellón se convierte en una especie de depósito, de almacén, de basurero. Le estamos haciendo el juego a una sociedad que en lugar de proteger a estas personas prefiere encerrarlas; el Estado debería dar a estos pacientes una alternativa que no fuera refundirlos en un manicomio.

Moisés Rozanes, quien dice haber sido separado de su puesto en el CESM en abril pasado debido a sus críticas por las decisiones de la Secretaría de Salud en esa materia, desde hace más de diez años ha insistido en que se cambie el modelo de atención a la salud mental en Colima y “en el fondo me han tirado a loco”.

Recuerda que en 2005 la Organización Panamericana de la Salud firmó un convenio con las autoridades colimenses para poner en marcha aquí por primera vez en el país el modelo de reforma psiquiátrica, para el que realizó una aportación económica inicial.

Sin embargo, según Rozanes Tassler, nunca se implementó el proyecto ni se conoció el destino de los recursos económicos que se habían destinado para ese fin.

Durante los trabajos de ampliación del pabellón psiquiátrico, el titular de la SSyBS, Agustín Lara Esqueda, argumentó que la obra se justifica en “los lineamientos establecidos por la normatividad para la atención de enfermos mentales y se deriva de una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013”, según un comunicado de la dependencia.

Aunque Lara Esqueda no precisó la normatividad referida, Moisés Rozanes dijo que la Norma Oficial Mexicana 025 de la secretaría de Salud, aplicable al caso, “no dice nada que tenga que ver con remodelaciones o ampliaciones, porque no es la función de una norma”, mientras que las recomendaciones de la CNDH tampoco piden realizar una obra de esa naturaleza.

Según el informe especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana, fechado el 30 de octubre de 2013, en el pabellón psiquiátrico de Ixtlahuacán se detectaron diversas deficiencias: camas oxidadas, colchones rotos y falta de ropa de cama para los pacientes.

El reporte también señaló la carencia de una sala de ludoterapia y la necesidad de contratar dos psiquiatras más, un geriatra, un neurólogo, cuatro médicos generales, tres psicólogos, un terapista, cuatro enfermeros psiquiátricos y tres enfermeras auxiliares.

Otras anomalías señaladas fueron: “Inadecuadas condiciones de las instalaciones, omisión de aviso al Ministerio Público sobre el ingreso involuntario de pacientes, falta de capacitación al personal en materia de prevención de la tortura e inexistencia de reglamentos y manuales”.

En relación con las condiciones que presentan las instalaciones, el informe de la CNDH consideró que se afecta la calidad del servicio médico y se impide que los pacientes sean alojados en condiciones de estancia digna.

“Son preocupantes —abundó— las carencias en materia de personal, medicamentos, instalaciones y equipo, así como las deficiencias en los programas de prevención de enfermedades y el tratamiento, particularmente por la diversidad de servicios que comprenden la atención integral médico-psiquiátrica que requieren los pacientes para proteger, promover, restaurar y mantener su salud mental, y que comprenden actividades preventivas, curativas y de rehabilitación”.

Según el titular de la SSyBS, gracias a la ampliación del pabellón continuará brindándose atención a pacientes de los diez municipios, así como de otros estados como Jalisco y Michoacán, así como servicios de consulta externa y hospitalización a pacientes desde los 11 hasta los 90 años de edad, con un promedio de 40 años de edad.

Agustín Lara Esqueda aseguró que el pabellón psiquiátrico cuenta con personal de enfermería, psicología y psiquiatría que cubre diferentes turnos, garantizando de esta manera la oportuna atención de los pacientes en el momento que se requiera.

El funcionario señaló que como parte de los trabajos de ampliación, se contará con un área destinada a la atención de pacientes que por su condición médica requieran de hospitalización por periodos cortos de entre 3 a 4 semanas, una vez controlado su padecimiento podrán egresar para continuar su manejo y tratamiento desde su casa.

El director del Hospital General de Ixtlahuacán, Ricardo Vázquez Díaz, asegura en entrevista que ya se realizaron las acciones para el cumplimiento de cada uno de los puntos señalados por la CNDH, y que precisamente los trabajos de ampliación están encaminados a aumentar la capacidad a 46 pacientes, con espacios más dignos y de mayor calidad, pues en la actualidad el cupo normal es de 24 y existe una población de 41 internos.

El propósito de esta obra de infraestructura, añade, es contar con un área nueva más apegada a las condiciones propias de un enfermo mental, con características para que un paciente en estado crítico no se autolesione, que esté más vigilado y que sus condiciones ambientales estén mejor.

El jefe del Servicio de Psiquiatría del nosocomio, Héctor Fabián Huerta Quintero, asevera que conforme al nuevo modelo de atención la mayoría de los internos permanecen en el lugar periodos breves de dos a tres semanas en los que se controla la fase aguda, se hace el diagnóstico de la enfermedad y se establece el tratamiento preciso para que continúen su recuperación en su casa. “Lo más que llegan a durar algunos pacientes, pocos, son algunos meses por algún proceso legal pendiente por indicación del juez”.

Huerta Quintero indica que no son muchos los casos en que familiares pretenden internar a un paciente cuya situación no lo justifica, pues la decisión depende del diagnóstico que realiza el psiquiatra y el psicólogo que hacen sus valoraciones y si la versión del enfermo no coincide con la de los familiares se busca la corroboración con alguien más.

Ricardo Vázquez recuerda el caso de una mujer que acudió al pabellón a tratar de internar a un tío de ella y quería que se le extendiera un oficio donde dijera que estaba incapacitado mentalmente para hacer unos trámites y de esa manera poder ella disponer de un terreno, pero “por supuesto que se lo negué porque yo no puedo dar un documento si no está respaldado por una valoración psiquiátrica”.

Refiere que son más comunes los casos en que los familiares ya no quieren recoger a su paciente cuando termina el periodo en que deben estar ahí. “En este año llevamos al menos 30 casos de este tipo, en los que las familias argumentan múltiples problemas: que ya no pueden con él, que no lo pueden controlar, que no tienen tiempo porque deben trabajar, que les desbarata todo, que vende todo, que le tienen miedo, pero lo que quieren realmente es olvidarse de ellos, deshacerse de ellos, abandonarlos”.

Cuando se presentan situaciones en que los familiares no van por sus pacientes, dice Vázquez Díaz, personal del propio pabellón lo lleva a su domicilio con las recetas, los medicamentos y las indicaciones médicas, y si aun así hay resistencia, se notifica a la policía del lugar para que los presione y acepten hacerse cargo del enfermo.

Héctor Fabián Huerta comenta que generalmente la hospitalización tiene que ver con el estado psicótico de los pacientes, es decir que están fuera de la realidad por consumo de drogas o por algún trastorno propiamente mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

Cuestionado sobre las críticas de que en el pabellón psiquiátrico únicamente se les da medicamentos a los pacientes, pero no se lleva a cabo una rehabilitación integral, Huerta Quintero señala:

“Lo que se hace aquí, lo que se trata es la crisis en el momento, el cuadro agudo de agitación de depresión y generalmente es (tratado) con medicamento y siempre se le informa a la familia el inicio del tratamiento y si es adicto se les dice que tiene que ingresar a un centro de rehabilitación”, mientras que en el caso de pacientes no adictos se les canaliza al DIF para que reciban apoyo psicológico o a organizaciones de apoyo a la salud mental.

Proceso/Pedro Zamora Briseño

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