El municipio arrastra 40 juicios de laudos; en tan sólo dos de ellos el Ayuntamiento estaría obligado a pagar más de 35 mdp, el caso más sonado es el despido, en 2014, de 38 policías durante la administración de Ramón Guerrero
El municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, debe más de 35 millones de pesos (mdp) a sus extrabajadores despedidos injustificadamente, y no quiere, ni puede pagarles. Un documento oficial en el que algunos particulares solicitan la suspensión de todo el equipo de ediles (regidores y alcalde) de aquella localidad, y otro, con las mismas intenciones pero en contra de la sindico, llegaron a las manos de este medio de comunicación. En él, se estipula que debido a algunas deudas millonarias que el Ayuntamiento ostenta con policías municipales, se vuelve inoperante.
A pesar de que muchos de los laudos fueron “aprobados o avalados” por la Comisión de Gobernación que preside el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Arana Arana; en la Comisión de Desarrollo Municipal, de la emeceísta, Adriana Gabriela Medina, son detenidas.
El argumento con que la Comisión de Desarrollo municipal desecha las peticiones de los Tribunales de Escalafón y Arbitraje, es el supuesto de que no pagar a sus empleados “no se justifica como causal grave para proceder a la suspensión del cargo” (sic). No por aplicación de amparos como declaró para este medio de comunicación.
Tanto la petición como la argumentación para desecharla pueden ser consultadas vía transparencia en el archivo 186-LX1 de la plataforma oficial. Además, Jorge Arana reveló que los laudos y las peticiones de suspensión fueron interpuestos por policías de pasadas administraciones que fueron indebidamente despedidos y que los tribunales ya les dieron la razón.
GOBERNACIÓN RECLAMA MALOS NEGOCIOS. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Gobernación y ex alcalde del municipio de Tonalá, comentó para la Crónica de Hoy Jalisco, que los desfalcos en los municipios por concepto de laudos, se deben “a malas negociaciones”, puesto que durante las gestiones como edil, se puede acudir a otras herramientas para lograr acuerdos con los empleados que deben ser removidos. Sin embargo, Arana Arana dijo que el problema también es causado por gobiernos entrantes que desean generar espacios para sus allegados políticos.
“Hay muchas solicitudes de suspensión en contra de muchos ayuntamientos, entre ellos Puerto Vallarta. Nos llegó en el mes de mayo una solicitud de suspensión por una demanda colectiva que data del año 2004, donde un grupo de extrabajadores públicos demandaron al Ayuntamiento y esa demanda es (o era) por 15 millones de pesos, hasta el corte que se tuvo, seguramente ahora será por más de esos 15 millones y lógicamente el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por arreglar, todo lo posible por no pagar, todo lo posible por llegar a un convenio con ellos”.
En cuanto a los pagos pendientes del municipio costero, Jorge Arana añadió: “Un pago que tiene Puerto Vallarta, solamente uno de 40, es de 15 millones; y también otro de 20 millones que está en el Tribunal Administrativo y que fue interpuesto por policías que demandaron en pasadas administraciones, solamente en dos asuntos, tiene 35 millones de pesos, no hay dinero que alcance”, aseguró el exedil.
EN MANOS DE DESARROLLO MUNICIPAL. El problema ahora recae en manos de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso local, serán ellos quienes decidan el momento por el que deberá llevarse a pleno la petición de suspensión para los funcionarios públicos de Puerto Vallarta. Empero, dicha Comisión es presidida por una correligionaria del alcalde que los despidió, la emeceísta Adriana Gabriela Medina Ortíz quien asegura que el edil en turno, Arturo Dávalos Peña, también de Movimiento Ciudadano, solicitó un recurso legal que deja sin operación el amparo de los policías.
“La semana pasada citamos a lo que es la Comisión de Desarrollo Municipal, no hubo quórum, y fue el viernes que nos llegó ya la suspensión de lo que es el procedimiento, ya que se amparó el presidente, y también, hay un amparo a favor de los regidores. Entonces con eso se suspende el procedimiento y ya no podemos decidir cómo se dictaminó en Gobernación (…) Ahora sí que el gobierno se ampara y el trabajador se comenzará a defender, ahora procede esperarlos a que lleguen a un acuerdo” (sic), finalizó Adriana Medina Ortíz
Fuente: La Crónica/Ricardo Balderas
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