Mancera congeló reglas contra los Responsable de Obra patito

Las disposiciones habían sido propuestas por colegios y asociaciones de ingenieros y arquitectos, quienes trabajaron más de un año en su bosquejo ◗ Pretendían aminorar el riesgo de colapsos o derrumbes en sismos como el del pasado 19 de septiembre

Seis artículos encaminados a terminar con los Directores Responsable de Obra (DRO) patito y otras anomalías en la supervisión de obras fueron modificados o anulados del Reglamento de Construcciones de la capital tan sólo cinco meses después de haber sido anexados…

Las disposiciones habían sido propuestas por colegios y asociaciones de ingenieros y arquitectos, quienes trabajaron más de un año en su bosquejo; pretendían además aminorar el riesgo de colapsos o derrumbes en sismos como el del pasado 19 de septiembre.

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El gremio logró su incorporación en la reforma al Reglamento publicada el 17 de junio de 2016. Sin embargo, mediante un acuerdo emitido por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fueron suprimidos el 10 de noviembre de ese mismo año, según consta en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de ese día.

“Se suspende la aplicación de los artículos 2, fracción XV; 35 fracciones XII y XIII; 39 fracción V; 40 fracción I; 42 y 46 Bis… del Reglamento de Construcciones, hasta en tanto sean revisados por la Comisión”, se lee en el artículo tercero transitorio de dicho acuerdo.

Conforme a diversos escritos y bitácoras de los grupos colegiados y asociaciones involucradas en la redacción —compartidos a Crónica—, “se privilegió el interés de constructoras y promotoras inmobiliarias, inclinadas a favorecer sus negocios y a desdeñar el trabajo de los DRO, o a requerir sólo las responsivas, evitando la verificación de las obras en la ciudad y su ajuste a la normatividad vigente”.

Los artículos y fracciones referidas “buscaban evitar corruptelas en la contratación de DRO´s y desterrar la práctica de sólo firmar, sin visitar las obras ni supervisar su adecuación a los proyectos originales”.

En el diseño participaron representantes de colegios como: el de Arquitectos de la Ciudad de México, el de Ingenieros Civiles de México, el Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, el Mexicano de Ingenieros Civiles y el Vanguardista de Ingenieros Arquitectos.

Y de las asociaciones Nacional de Ingenieros Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsales y Peritos en Desarrollo Urbano A.C. (ANIADROC) y Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables A.C (AMDROC), así como del grupo de Arquitectos Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano (ADOC).

En total se trastocaron dos artículos completos y fracciones de otros cuatro.

Aunque en los trabajos intervino el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (órgano de la Administración Pública de la CDMX abocado a verificar los proyectos estructurales de las edificaciones en la ciudad) y en específico su titular Renato Berrón Ruiz, el argumento oficial fue la necesidad de instalar, antes de cualquier modificación normativa, una comisión dedicada al estudio y propuestas de reformas al citado Reglamento… Pero, en este caso, lo hizo cinco meses después de publicados los lineamientos.

Los artículos borrados detallaban diversos compromisos y responsabilidades de los Directores Responsables de Obra, con el objetivo de garantizar la seguridad de las construcciones.

El 2, Fracción XV, incorporaba la figura del arancel, una especie de cuota para regular los honorarios de los DRO.

En el 35 fracciones XII y XIII, y en el 39 fracción V se obligaba a los DRO y a los Corresponsables de Obra a su cargo a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales y a “verificar que los proyectistas hubiesen firmado planos y memorias del proyecto, así como el estudio de mecánica de suelos”.

En el 40 fracción I se exigía “levantar un acta administrativa ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto para la Seguridad de las Construcciones” en casos de sustitución o retiro de responsivas de los DRO, “asentando los motivos, así como el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por la Autoridad correspondiente, por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables, según sea el caso, y por el propietario o poseedor”.

También facultaba a las autoridades del ramo a suspender las obras cuando el DRO no fuera sustituido de forma inmediata.

El 42 detallaba la facultad de la Seduvi y del Instituto ya referido para sancionar las infracciones cometidas por los DRO. Contemplaba amonestaciones por infringir el Reglamento y demás ordenamientos aplicables, presentar documentación incompleta o con datos erróneos y omitir a la autoridad notificaciones de responsivas otorgadas a una obra.

Suspensiones de dos años por modificar la obra sin apegarse a la licencia de construcción expedida o manifestación registrada, o sin aprobación de Seduvi.

Y cancelaciones del registro como DRO, “independientemente de la reparación del daño, así como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal”, cuando su trabajo pusiera “en peligro la vida de las personas y/o los bienes”; hubiese obtenido “con datos falsos su inscripción al padrón de profesionales” o presentado documentos falsos, o cuando hubiera “otorgado su responsiva en proyecto u obra que afecte de forma irreparable a un inmueble del patrimonio cultural urbano”.

En casos de cancelación, el infractor ya no podía aspirar a un registro nuevo. Además, las sanciones eran acumulables.

El 46 Bis, último artículo eliminado, marcaba obligaciones para los dueños de las obras, como solicitar por escrito cambios a los proyectos ejecutivos, contratar seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y contar con un Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción, remodelación y demolición.

A los propietarios se les impedía remover a los DRO cuando éstos exigieran “el cumplimiento de la normatividad por la cual otorgaron su responsiva”.

Según colegios y asociaciones, “con un contrato de servicios profesionales se establecían claramente las reglas del juego, y las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas, algo fundamental para detener las constantes violaciones al Reglamento y evitar desgracias”…

Fuente:La crónica/Daniel Blancas Madrigal

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