Sin Respaldo. A diferencia del sistema bancario, donde hay un seguro de depósito por parte del gobierno, en las empresas de tecnología la responsabilidad es de los propios usuarios, especialmente en el manejo de fondos colectivos. Habrá reglas, pero no garantías. La autoridad está limitada al defender a los usuarios
La recién promulgada Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) no protegerá íntegramente a los mexicanos de fraudes, pues no garantizará el retorno de la inversión en caso de la quiebra o malversación de recursos en fondeos colectivos o compras a través de aplicaciones como Netflix, Uber, PayPal, Amazon, entre otras.
A pesar de que aún están en diseño las reglas secundarias de la Ley Fintech, éstas no contemplarán incluir un seguro de depósito en actividades de Crowdfunding (fondeos colectivos) o compras a través de aplicaciones de consumo, por lo que se dejará en responsabilidad de los propios usuarios la salvaguarda de sus recursos.
Así lo adelantó a Crónica, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, quien está trabajando de cerca con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico) para el establecimiento de las reglas secundarias de la Ley Fintech, las cuales deberán de estar listas en menos de seis meses.
Di Costanzo recordó que un seguro de depósito es una garantía otorgada por el gobierno, que promete pagar una parte de los ahorros depositados en una institución financiera en caso de su quiebra parcial o total. En México se cuenta con un seguro de depósito de los ahorros depositados en los bancos por hasta 400 mil UDIS, equivalente a unos 2.5 millones de pesos.
“En los bancos el cliente guarda su dinero y si el banco quiebra, sus ahorros están garantizados, pero en la Ley Fintech no habrá eso. Sí habrá claridad en las reglas del juego y transparencia, es decir que los usuarios tendrán más información sobre la operación de una empresa Fintech, pero no habrá un seguro sobre sus ahorros o depósitos”, alertó.
La falta de un seguro de depósito deja a los mexicanos sin armas para poder reclamar su dinero en caso de fraudes de crowdfunding o fondo colectivo. Por ejemplo, si una persona apoya el financiamiento colectivo para una causa en común y el titular de ese proyecto decide no devolverle su inversión, no habrá forma de poder exigir el cobro de ese dinero.
Ahora que si es el titular del proyecto el que exige el dinero del financiamiento prometido, la Ley le permitirá contratar a un despacho de cobranza para que sea éste quien se haga cargo del cobro de la inversión. Sin embargo, la Condusef no podrá defender a los usuarios ni exigir la devolución de los recursos, pues quedará como un acuerdo entre privados.
Por otro lado, si un usuario decide comprar un bien o servicio a través de plataformas de consumo como Uber, PayPal, Amazon, Rappi u otras, y de manera injustificada se le hace un cobro no reconocido, la Ley Fintech tampoco podrá ayudar a resolver el problema.
“En este caso lo que va a argumentar el usuario es que le hicieron un cargo que no reconoce y el cual se lo hicieron sobre su tarjeta de crédito o débito; ahí deberá de ser el banco quien resuelva la situación, como ahora lo hace, pero nadie le va a asegurar que los cargos que le están haciendo el gobierno se los va a pagar”, explicó.
Fuentes cercanas al diseño de las reglas secundarias de la Ley Fintech, indicaron que si bien se cuenta con seis meses para publicar dichas normas, la presente administración buscará finalizar con el proceso en menos tiempo, concretándolo previo al proceso electoral de julio próximo.
Las reglas secundarias de la Ley Fintech también prevén que la atención a los usuarios de plataformas financieras sea totalmente electrónica, así también lo será la supervisión que los reguladores realicen a las compañías que participen en este sector.
Además, se obligará a que las empresas Fintech publiquen sus contratos de adhesión en sus portales de internet y se les muestre a los clientes antes de contratar un crédito o un servicio. Dicho contrato deberá de incluir las condiciones del préstamo y las tasas de interés que se prevé cobrar, además tendrá que ser registrado ante la Condusef.
Otra de los nuevas disposiciones incluidas en las reglas secundarias, es que se les exigirá a las Empresas Fintech establecer en sus páginas web, las ligas de los portales de los órganos reguladores y del Centro de Atención Especializada que estará operando de manera virtual la misma Condusef.
“La nueva Ley exigirá que el usuario revise más las condiciones que va a pactar, pero sin ofrecer ningún tipo seguro”, comentó Di Costanzo, por lo que dependerá del usuario su verdadera defensa ante los posibles fraudes cibernéticos por parte de las Fintech.
Entre las disposiciones que serán más difíciles de definir en la reglamentación, será el de la operación de las criptomonedas, como el bitcoin. En este sentido, el Banxico será quien determine qué tipo de divisa virtual será la que esté autorizada en el país, y la que no lo esté, operará como hasta ahora pero sin que sea reconocida por la autoridad, dejando sin defensa a los que transaccionen con ella.
La Ley Fintech fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de marzo y promulgada por el Ejecutivo una semana después (8 marzo). Busca regular a plataformas a través de las cuales se facilite el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales.
Esto se traduce en regulación a empresas de pagos electrónicos, de financiamiento colectivo, de activos virtuales y de asesoría financiera electrónica, entre otras.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en México operan alrededor de 160 organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, quienes han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos.
“Esta ley es la formalización de toda la gama de servicios financieros que se brinda a través de plataformas innovadoras. Lo que la autoridad busca es brindar a sus usuarios certeza jurídica sobre el tipo de operaciones que se realizan a través de ellas”, opinó Rony García, socio de Auditoría, Servicios Financieros en Deloitte México.
Si bien la opinión de analistas, banqueros y autoridades es optimista respecto a la creación de la Ley Fintech, es claro que el esfuerzo quedará limitado ante los huecos regulatorios que ésta no llenará ni con las reglas secundarias que están en planeación.
Fuente: La Crónica/Margarita Jasso Belmont
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