En BC cancelaron 31 permisos IMMEX

Uno de los problemas es que aquellas que son pequeñas plantas no tienen el soporte financiero para modernizar sus procesos de producción.

Tijuana, BC. Un total de 31 empresas maquiladoras en Baja California perdió su permiso del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), de acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de septiembre.

Perder esta documentación impide que las empresas puedan realizar importaciones temporales de su producción, debido a que no presentaron su declaración anual de operaciones de comercio no exterior.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) detalló en un escrito en su página oficial que, según el artículo 25 del decreto IMMEX, los titulares del programa deben presentar por obligación un reporte anual ante la Secretaría de Economía.

“Debido a esta falta y conforme a lo establecido en el artículo 25 del decreto IMMEX se publicó en el diario oficial el 30 de junio del 2017 el nombre del titular, el número del programa al que estaba inscrito y la falta correspondiente al año 2016”, refiere el mensaje.

De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 11 del decreto IMMEX, quedaron cancelados definitivamente a partir del 1 de septiembre del 2017 todos aquellos programas a los que pertenecían las empresas que incurrieron en falta.

El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz, detalló que en total fueron cancelados 208 permisos, de los cuales poco más de 10% son de compañías de la entidad que desde el año pasado ya no operan con el permiso por no cumplir con los requisitos.

Además, indicó que el estado tuvo una importante representatividad porque Baja California es líder, junto con Chihuahua, en el número de plantas maquiladoras que operan.

El empresario dijo que uno de los problemas que han tenido las empresas para mantenerse dentro del programa de la industria maquiladora es que aquellas que son pequeñas plantas no tienen el soporte financiero para modernizar sus procesos de producción como lo exige el decreto.

Por ejemplo, deben contar con un certificado de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo y domicilio fiscal, además de la ubicación donde realizan los procesos de producción.

“Que ya no tengan ese permiso no quiere decir que no puedan funcionar sus plantas, el hecho es que ya no tendrán beneficios como el resto”, indicó.

Fuente: El Economista/Gabriela Martínez

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