San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Digna Ochoa, así como el Grupo de Trabajo denominado No estamos todos/as, exigieron la liberación del migrante hondureño, Roberto Carlos Ruiz Hernández, preso “injustamente” desde hace más de cuatro años, acusado del delito de extorsión.
Representantes de estos organismos aseguraron en conferencia de prensa que el centroamericano “es inocente”, y a pesar de que a través de la llamada Mesa de Reconciliación el gobierno estatal se había comprometido a liberarlo en marzo pasado, continúa preso por “un retraso burocrático”.
El grupo de trabajo No estamos todos/as, consideró que “el mayor delito por el que está encarcelado es su condición de migrante y pobre” y “más que un caso aislado, es la realidad de muchas personas arrojadas la rincón de la cárcel y el olvido”.
Agregó que “Roberto ha mantenido una lucha constante para conseguir su libertad mediante los mecanismos legales y dos huelgas de hambre”, sin que haya obtenido una respuesta favorable.
El Frayba afirmó que el hondureño, “sobreviviente de tortura”, fue detenido el 22 de mayo de 2013 en Arriaga y hasta el pasado 17 de este mes estuvo preso en el penal ubicado en el vecino municipio de Tonalá, de donde fue trasladado a la cárcel ubicada en San Cristóbal con la promesa de que sería liberado y para que suspendiera una huelga de hambre de seis días.
“A pesar de la denuncia de tortura ante el agente del Ministerio Público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años de prisión, pero en apelación le fue reducida a 5 años con 3 días”, señaló.
Aseguró que Ruiz Hernández ha realizado dos huelgas de hambre para exigir su liberación, lo que “le ha ocasionado problemas de salud que podrían poner en riesgo su vida dentro de la prisión”.
Dijo que si en los próximos días no es liberado, Roberto iniciará una tercera huelga de hambre en el penal para presionar a las autoridades, ya que su encarcelamiento “es injusto”.
El Frayba consideró que la embajada de Honduras en México “no ha otorgado a Roberto Carlos la asistencia consular adecuada ni las gestiones políticas y diplomáticas para que obtenga su libertad, argumentando que no lo tiene registrado como ciudadano de su país, pero él ha sido deportado por el Estado mexicano en 3 ocasiones, por lo que el gobierno de esa nación sí cuenta con los registros que lo acreditan como ciudadano hondureño”.
Sostuvo que el centroamericano “lleva más del 70 por ciento de su sentencia cumplida, es sobreviviente de tortura, su proceso judicial tuvo faltas al debido proceso y derivó en un juicio injusto, no contó con asistencia consular y la Mesa de Reconciliación determinó otorgarle la libertad”.
Su esposa mexicana, Patricia Díaz Moreno, quien trabaja recolectando fierro y otros materiales en un basurero para mantener a los dos hijos de ambos, exigió la liberación del hondureño. “Se los suplico, por favor, porque él no ha cometido ningún delito”, dijo mediante una llamada telefónica.
Fuente: La Jornada/Elio Henríquez
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