Aureoles, Aispuro y Fayad se resisten a quitar fuero

Los gobernadores de Michoacán, de Durango y de Hidalgo, entre otros, tienen en la congeladora iniciativas para quitar la protección jurídica mandatarios estatales, ediles y diputados; desde 2015 sólo 10 entidades han eliminado el recurso

En los últimos dos años, sólo 10 de las 32 entidades del país han eliminado el fuero constitucional para gobernadores, diputados y alcaldes.

Estados como Durango, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí pese a que acumulan iniciativas presentadas para quitar la protección jurídica a los mandatarios estatales y otros funcionarios electos por el voto ciudadano, estas no han prosperado y se mantienen en la congeladora en los congresos locales.

Baja California, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, son las entidades donde ya desapareció esta figura que ha sido asociada con la corrupción y la impunidad ya que impide que funcionarios puedan ser juzgados de inmediato y se establece un largo proceso para juicio de procedencia.

A diferencia de entidades como Nayarit y Quintana Roo que tras la aprobación de las leyes locales para crear el sistema estatal anticorrupción eliminaron dicha figura; Durango, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí, aprobaron sus reformas, sin embargo, este punto aún no ha sido desahogado.

No obstante, en el caso de Quintana Roo hubo un intento para mantener la figura del fuero únicamente para el mandatario estatal, ya que en su propuesta para la creación del sistema anticorrupción, Carlos Joaquín González agregó un párrafo en el que precisaba que éste sólo podía ser acusado por traición a la patria y delitos graves del fuero común, al igual que el Presidente del país, mismo que no prosperó.

En estados como Baja California la eliminación alcanzó, además de los funcionarios electos con jornadas electorales, a jueces y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quienes estarán en el mismo plano de igualdad jurídica que cualquier ciudadano en caso de que cometan delitos que ameriten pena privativa de la libertad y relacionados  con el desempeño de sus funciones.

En tanto que otros como Campeche, Yucatán y Nayarit, la protección de la que gozaban los secretarios de la administración pública, fiscal general, auditor superior, magistrados electorales, titulares de organismos de derechos humanos y comisionados y consejeros los institutos de transparencia y electorales también fue retirada.

En el caso particular de la Ciudad de México, el fuero ya no fue incluido en la nueva constitución que entrará en vigor hasta el 2018, por lo que el titular de la Jefatura de Gobierno, diputados del Congreso local, magistrados, titulares de las secretarías del gabinete, de la Fiscalía General, así como los alcaldes, sí podrán enfrentar cargos durante su periodo de funciones.

En tanto, hay estados que han cerrado la posibilidad de eliminarlo, tal es el caso de Aguascalientes, Colima, Guerrero y Oaxaca, donde los congresos rechazaron las reformas que impedirían que los funcionarios gozaran de la protección jurídica del fuero, por lo que ésta figura se mantiene en las legislaciones locales y vigentes para gobernadores y demás funcionarios.

 Según una revisión hecha a las iniciativas presentadas en los congresos estatales, en todos los estados del país se han presentado iniciativas para erradicar la protección a funcionarios, mismas que permanecen acumuladas desde años anteriores, en algunos casos hay registros de dos o más, y que no han sido dictaminadas o no han prosperados en los legislativos locales.

… Y en San Lázaro congelan reforma

A nivel federal, la discusión sobre la eliminación del fuero que inició en la Cámara de Diputados lleva cuatro años congelada por el Congreso de la Unión.

En el Senado de la República la divergencia en las opiniones entre las bancadas ha impedido el consenso respecto al tema, ya que mientras el PRI se mantiene en que el Presidente debe contar con fuero constitucional, el PRD afirma que ningún funcionario debe gozar de dicha protección.

En tanto, al interior del PAN las posiciones están divididas, ya que hay quienes están a favor y otros en contra de su eliminación.

No obstante, según un reporte del Senado, en 73 años, sólo ocho políticos han sido sometidos a juicio de procedencia.

Dentro de los casos más conocidos están el de Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno; el exdiputado federal Julio César Godoy y René Bejarano, cuando era diputado local.

Fuente: La Razón/Eric Montejo
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