Sistema penal: un año de ir a contracorriente

se ha generado una percepción de impunidad, advierten; entre los avances, los procesos de conciliación.

Opinión de expertos

Instancias de procuración de justicia “se rezagaron”

A un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los resultados obtenidos en su implementación pasan más por la sensación de impunidad entre la población y la evidencia de falta de capacitación de algunas instancias, que por una mejora en los servicios de procuración e implementación de justicia, opinaron investigadores.

La reforma al sistema de justicia data del 2008; no obstante, fue hasta el 18 de junio del año pasado que 32 entidades del país lo adoptaron por completo.

Deficiencias

Para César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una de la deficiencias del nuevo sistema es que la reforma ha avanzado de forma diferenciada entre los actores.

“El proceso de implementación ha ido a dos velocidades; yo creo que han avanzado más las instancias judiciales en capacitarse y ver cuáles son las exigencias que les efectuaba este sistema y no así las instancias de procuración de justicia, (las cuales) se fueron rezagando y se fueron quedando atrás (…) las instituciones no tuvieron un diálogo para jalar de manera homogénea, justamente para evitar este desfase”.

Agregó que como resultado de este desfase hay una “escalada en el sentido de impunidad”, marcada por la ineficiencia de las fiscalías para poder adoptar los nuevos estándares de procuración de justicia, lo que, dijo, ha dejado un mensaje a la sociedad de impunidad.

Ante esto, las responsabilidades pasan desde lo local hasta lo federal. Es ahí, indicó Astudillo, que la coordinación se hace más importante, ya que hoy existe un aumento en los amparos que se interponen en las entidades y que escalan al Poder Judicial de la Federación.

Un tema que ha enmarcado el nuevo sistema es la capacitación de policías y Ministerios Públicos, que pueda otorgar las capacidades para fundamentar de forma más eficiente las investigaciones y posteriores acusaciones hacia los delincuentes.

En este sentido, la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Laura Londoño, precisó que hace falta mayor capacitación hacia los actores del sistema, “no porque esté deficiente la capacitación que se ha proporcionado, creo que se ha hecho un esfuerzo importante a nivel institucional, creo que se han logrado algunos objetivos, pero toca hacerle un seguimiento al proceso de implementación y sobre los problemas procesales que se van presentando”.

Un etapa de investigación mal llevada, argumentó la especialista, es la causa de que los expedientes de los Ministerios Públicos no concluyan con imputaciones concretas y efectivas.

El reto, después de la creación de las leyes, es la consolidación del mismo sistema teniendo en la mira una mayor capacitación y la contratación del personal adecuado, además de la aceleración en los procesos de justicia hacia la ciudadanía, aseveró, opina la investigadora del INACIPE, Adriana Salazar.

Avances

Los investigadores coincidieron en que dentro de este nuevo sistema penal existieron avances en los derechos humanos de los acusados durante el proceso penal.

Adriana Salazar enfatizó que los derechos humanos de los acusados se procuran más con este nuevo sistema, además de que con el esquema de conciliaciones que se implementó, se permite que no todos vayan a la cárcel por cualquier delito, y se solucionen de forma local sin necesidad de tener que pisar la prisión.

Esta semana el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) puntualizó que un esfuerzo coordinado y una planeación integral, tanto en el ámbito federal como en el local, resultan indispensables para consolidar el nuevo sistema, por lo que urge crear una instancia técnica interinstitucional y nacional conformada no sólo con representantes de los tres poderes de la Unión, sino sobre todo con funcionarios de las defensorías y el sistema penitenciario.

En el reporte “Hallazgos 2016. Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal”, el CIDAC propone también fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares en los estados y que el sistema penitenciario sea parte de los planes del nuevo modelo. (Con información de Héctor Molina y Rolando Ramos)

Opinión de autoridades

Difieren sobre los resultados

El cuestionamiento sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que aplica desde junio del año pasado en todo el país se sustenta en que la “carga” para enjuiciar a un delincuente recae en la víctima, porque de ella depende si se procesa o no al imputado.

Posturas que son compartidas por ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, así como de los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el presidente del TSJCDMX, Álvaro Augusto Pérez Juárez; el investigador del Inacipe, Martín Gabriel Barrón Cruz, y del jefe de Gobierno capitalino.

En marzo pasado, Luis María Aguilar, ministro-presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, advirtió que el sistema corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados contrarios a los propios reclamos que le dieron vida en el 2008.

Consideró que el esfuerzo realizado hasta el momento ha logrado detener la inercia de ineficiencias sistémicas, y defendió que el Consejo de la Judicatura no permitirá caer en el riesgo de “dejar que las cosas tomen su cauce, o se acomoden las cosas”, o incluso que sean las causas penales y la litigiosidad de las partes las que “marquen el camino”.

Polémica que se incrementó el 19 de marzo cuando el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer su último reporte del repunte exponencial de los 10 principales delitos conocidos de “alto impacto”, entre homicidio y robo en sus diversas modalidades.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, atribuyó dicho incremento de ilícitos a que los jueces están dejando libres a los delincuentes.

En respuesta a la alusión de Mancera, el magistrado Pérez Juárez manifestó que si ello era así, se debía “replantear el modelo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hacer ajustes”.

Y fue más allá al plantear que “los ajustes más urgentes deben ser de forma integral, desde la investigación, procuración, impartición y ejecución de penas”.

Mancera volvió a insistir, ahora como presidente de la Conago, y se comprometió a llevar a ese seno conformado por los gobernadores, para que sean revisados, los mecanismos jurídicos de la reforma que “lentifica la liberación de órdenes de aprehensión o los tribunales los dejan en libertad, por lo que salen a las calles y delinquen nuevamente”. (Con información de Rubén Torres)

Opinión de abogados

Violencia debería disminuir

El sistema de justicia penal acusatorio ha tenido distintos desperfectos en los procedimientos de investigación criminal, por parte de los elementos de justicia, al igual que en la capacidad técnica para evaluar los casos de las víctimas e imputados, lo que ha provocado confusión durante los veredictos, consideró Alejandra Ruiz, experta en Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El inicio del sistema penal acusatorio no ha arrancado favorablemente por dos situaciones: los defensores carecen de conocimiento y dominio de la oralidad para defender, exponer y presentar una carpeta de investigación y otro tema son las procuradurías o instituciones que no están resolviendo o están interpretando a manera los actos delictivos”.

Abundó que los altos índices de violencia e inseguridad se deberían revertir tras la implementación de este nuevo sistema; sin embargo “vemos que no ha sido en ese sentido, nos estamos enfrentando a un sistema de justicia lento, injusto y con mucha corrupción como el anterior”.

“Si deseamos indagaciones técnicas, científicas, de una policía que aún no tiene la capacidad institucional para preservar una serie de evidencias en el lugar de los hechos, estamos en dificultades”.

La experta señaló que de 10 personas liberadas mediante un juicio oral, dos podrían ser culpables de actos delictivos por la falta de evidencias incluso si el caso es delito flagrante.

“Hay mucha carencia en los órganos de justicia, y huecos que han hecho que las víctimas no crean en este sistema que a paso lento apenas va avanzando en el país”, concluyó.

Por otra parte, el docente de la Barra Nacional de Abogados (BNA), Carlos de la Cruz Namorado, confía en que el sistema penal es transparente, eficiente y que representa una verdadera economía procesal, es decir, que es muy rápido en respetar los Derechos Humanos.

“Algo favorable es que el juez no tiene prejuicios antes de que inicie la audiencia; antes en el sistema inquisitivo el juzgador ya tenía conocimiento del asunto, si era un asunto de violación o robo, el juez ya tenía todo el expediente, ahora es todo lo contrario, todo es en el instante”.

El experto de la BNA consideró que la sociedad no está aún preparada para un sistema que otorgue tanta flexibilidad al imputado. Sin embargo, precisó,“no hay garantía de que el imputado detenido por robo en flagrancia siga el proceso penal una vez que lo dejan ir, ya no regresan, entonces desde ese punto queda desprotegida la víctima”. (Con información de Salvador Corona)

Opinión de activistas

La balanza no se ha inclinado hacia los aciertos, aseguran

La directivas de las organizaciones de la sociedad civil, Causa en Común y Alto al Secuestro afirmaron que en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio se han dado claroscuros; sin embargo, la balanza se ha inclinado más hacia las deficiencias que a los aciertos.

Deficiencias

Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro, aseveró que el nuevo sistema penal “no logró los objetivos, se quedó muy corto porque no hicieron lo que deberían hacer (…) es decir, se empezó a capacitar a la inversa, primero al Poder Judicial y después al primer respondiente”.

Wallace destacó que a nueve años de distancia de la reforma al sistema penal, el país ha gastado 15,000 millones de pesos en ponerlo en funcionamiento, sin que esto haya significado un detrimento en los índices de impunidad.

Además de esto, criticó que el sistema penal actual es “hipergarantista, es decir, vela más por los derechos de los imputados que por los derechos de las víctimas”.

Añadió que debido a los nuevos procedimientos y a la persistencia en las prácticas del viejo esquema de justicia entre las autoridades, la procuración de justicia se ha convertido “en una puerta giratoria.

Hoy tenemos cerca de 40,000 personas libres a raíz del nuevo sistema”.

En materia local —agregó Wallace— los estados han utilizado sólo 25% del presupuesto asignado para la capacitación e infraestructura del sistema acusatorio, debido, dijo, a que no existe un conocimiento concreto en las entidades de los retos que trae el sistema de justicia implementado y por ende se demuestra un grave desconocimiento con respecto a éste.

Por su parte, María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común, afirmó que el nuevo sistema de justicia significó “un cambio de cultura”, ante el cual se han tenido decepciones, como la capacitación de las policías que empezó a penas, apuntó, en el 2015.

“De lo que nos hemos dado cuenta es que no solamente los policías están mal preparados, sino también los Ministerios Públicos y jueces”, precisó.

Morera reiteró que derivado de esto se ha extendido la sensación de impunidad entre la población, al tiempo que, precisó, en sí el sistema no es el problema, sino de los operadores del mismo.

Un inconveniente que se ha suscitado a raíz de los nuevos estándares, enfatizó Morera, es que los policías están prefiriendo no hacer detenciones debido a la falta de certeza jurídica y capacitación para saber cómo proceder en las audiencias, ante lo cual, dijo la directiva de la ONG, es necesario crear departamentos jurídicos que acompañen a los policías.

“Si no (se crean los departamentos jurídicos), al rato no vamos a tener quien detenga a nadie; como para qué te vas a exponer y encima que termines tú como acusado”, cuestionó.

Avances

María Elena Morera, directora de Causa en Común, indicó que “sí hay cosas buenas, como los acuerdos conciliatorios”, los cuales permiten llegar a una reparación del daño sin la necesidad de utilizar la privación de la libertad, además de que con los nuevos procedimientos se hace más difícil la implantación de pruebas que puedan inculpar a alguna persona.

“Si alguien me robó dinero, mejor que me regrese el dinero a que se vaya a la cárcel y no me regrese nada… Me parece buena noticia que no puedan meter a la cárcel a la gente plantando (pruebas), que sea más difícil que le puedan plantar pruebas a la gente, ése también me parece un paso adelante. Yo creo que el sistema sí es bueno, lo que nos faltó fue construir las Fiscalías pertinentes”, dijo.

Para Wallace, los altos índices delictivos que registra el país y la persistencia de importantes niveles de impunidad opacan cualquier logro del sistema.

“Cuando no se recibe justicia no se logró el objetivo y hoy vemos que no se ha mejorado ni la calidad, ni la cantidad de personas que acuden ante un Ministerio Público a denunciar para obtener justicia”, concluyó. (Con información de Héctor Molina)

Fuente: El Economista/Redacción
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