Justicia penal mantiene en el olvido a la víctima, critican expertos

Ciudad de México. El sistema de justicia penal ha mantenido históricamente en el olvido a la víctima y a sus derechos, además de que el proceso de investigación de los delitos “está colapsado” por la escasez de recursos económicos, falta de personal y nula capacitación.

Estas fueron algunas de las principales coincidencias de una decena de académicos, representantes de instituciones de justicia, expertos y líderes de la sociedad civil, que participaron en el primero de nueve foros de consulta sobre el modelo de procuración de justicia, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

También cuestionaron que a pesar de los avances normativos alcanzados, e incluso con la creación de instituciones que han pretendido ser extraordinarias en favor de las víctimas, estos hechos no se han traducido en una mejoría en el respeto de los derechos humanos de los mexicanos, pues es indudable que el país vive hoy, y desde hace varios años, una grave y creciente crisis de derechos humanos.

Ximena Antillón Najilis, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, organización que acompaña a víctimas de desaparición ante la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR, señaló que los Ministerios Públicos están colapsados por la enorme sobrecarga de trabajo, la falta de recursos, de personal y de herramientas necesarias para la labor de investigar. Dijo que ante esta realidad, se convierten solo en entes que administran las demandas de las víctimas.

“El problema de las víctimas es el de la procuración de justicia, es decir, del colapso de las capacidad de investigación y de búsqueda en este caso, pero tenemos todo el maltrato que se produce dentro de este proceso, donde el Ministerio Público termina desquitándose también con la víctima. Existe un maltrato institucional, como lo es la criminalización de las víctimas y la revictimización”.

En el primero de nueve foros que se realizarán en la Ciudad de México y diversas entidades del país -también con la ciudadanía interesada en el tema- hasta el mes de agosto, Michael Chamberlain, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que el sistema de justicia penal ha sido un camino largo, con la creación de pretendidas instituciones extraordinarias, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero que poco nos hemos detenido para ver que se realmente se está poniendo a la víctima en el centro de todo el quehacer.

Dijo que hasta ahora el Ministerio Público ha estado más interesado en “cuadrar el delito” y se olvida siempre de la víctima. Eso lo vemos en los casos de desaparición de personas, donde se busca pretendidamente a los responsables, pero casi nunca a la persona ausente.

Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de I(dh)eas, organización que también acompañada a víctimas e incluso litiga múltiples casos ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la totalidad de las familias prefieren saber dónde está su familiar que a tener una reparación del daño. Y es que las instituciones no han entendido que la reparación del daño no solo tiene que ver con la reparación económica, sino esencialmente con el acceso a la verdad y la justicia. “Si no se entiende esto se va a seguir manipulando el concepto de la reparación del daño”.

Señaló que solo hasta la reforma constitucional de 2008 al sistema penal es cuando irrumpe el término de víctima en el ámbito jurídico, es decir, con un enorme retraso histórico abrumador. Pero hoy, a pesar de esa reforma, y el amplio marco legal existente, incluso del ámbito internacional a los que México está obligado ceñirse por haber suscrito y ratificado varios de los acuerdos y tratados, los jueces y los ministerios públicos no los conocen y, en consecuencia, no se aplican.

Entre las muchas deficiencias que marco, fue que los 59 asesores jurídicos federales para víctimas que tiene la CEAV, un “porcentaje altísimo” ni siquiera está contratado con plaza oficial, sino que prestan su servicio a través de outsourcing. Propuso que este número se eleve al menos a 800, a fin de estar a la par con los abogados de oficio que tiene los indiciados a nivel federal.

El objetivo de estos foro, coorganizados por la UNAM, CIDE y Anuies, es la elaboración de un informe con todas las propuestas que se presente, tanto por expertos como por la sociedad interesada en el tema, que deberá servir como insumo para el diseño de un modelo de procuración de justicia que mejore el servicio público que brindan fiscalías y procuradurías de justicia de todo México.