En Sinaloa, cerca de 35 mil desplazados por criminales

Texto publicado el 16 de enero en La Jornada 

Culiacán, Sin. Cinco años se cumplieron desde que los habitantes de la zona serrana del municipio de Sinaloa comenzaron a abandonar sus comunidades, luego de que grupos del crimen organizado amenazaron con asesinarlos. Ya suman alrededor de 35 mil personas desplazadas por la violencia en 12 de los 18 municipios del estado.

Familias de Ocurahui, San José de los Hornos, El Pilar y El Rincón de los Germán, entre otras comunidades, andan errantes de casa en casa, de pueblo en pueblo, o más allá de Sinaloa. Sólo tienen la certeza de que no pueden regresar, pese haber pasado un largo peregrinar de miseria y dolor.

Nos encontramos con la total indolencia e indiferencia del gobierno. Pensábamos que al presentar nuestro problema ante las autoridades íbamos a tener apoyo, que intervendría el Ejército, nos resguardaría y acompañaría de vuelta a nuestras comunidades, pero no, dice Esperanza Hernández Lugo, una de las desplazadas, quien actualmente vive en Guamúchil y ha sido amenazada de muerte en al menos dos ocasiones.

Señala que el anterior gobernador, Mario López Valdez, no hizo nada, a pesar de que le informaron sobre sus problemas. Se negó a atenderlos, acusa.

Hernández Lugo fundó hace un año la organización que agrupa a los expulsados y presentó denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, entre otras instancias.

En el poblado de Huixiopa, municipio de Badiraguato, un enfrentamiento reciente entre células de los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa dejó un saldo de una decena de muertos y cientos de desplazados.

De los 12 municipios donde se han reportado desplazamientos de familias por la violencia, en Sinaloa, San Ignacio, Concordia, Badiraguato, Choix y El Fuerte es mayor la incidencia y más complejo el fenómeno.

A partir del 12 de enero de 2012, familias enteras huyeron de sus hogares y caminaron por días en el monte. Hoy viven en zonas urbanas y comunidades lejanas, dentro y fuera de Sinaloa.

Expulsores reciben ayuda del gobierno, acusan

Algunos trabajan en el campo, de jornaleros; otros, de pepenadores en Culiacán, capital del estado; limpian casas o hacen tamales o pan para vender.

Desde entonces, en particular de 2012 a 2013, han sido asesinadas alrededor de 50 personas, muchas de las cuales vivían en la zona serrana del municipio de Sinaloa.

A la gente que está arriba se le está apoyando con proyectos productivos y recursos, cosa que hemos pedido nosotros y no nos han dado. Esos que están recibiendo los apoyos son los responsables de nuestro desplazamiento, y el gobierno lo sabe perfectamente; sabe quiénes son, reprocha Hernández Lugo.

Afirma que cinco años después de que se inició el éxodo, nos sentimos más vulnerables y desamparados que nunca. Ya no tenemos a qué regresar, no tenemos nada que rescatar y nuestras casas se están cayendo o en manos de la gente que nos expulsó.

Comenta que en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, abordó al entonces candidato y hoy mandatario estatal Quirino Ordaz Coppel, quien les prometió ayuda.

Necesitamos que el problema se reconozca. Es un martirio. Soy extranjera en mi propia tierra, subraya.

–Pero Quirino Ordaz ni siquiera ha mencionado el tema de los desplazados.

–En Guamúchi le planteamos el problema y le pedimos que nos ayudara. Prometió que así sería y esperamos que cumpla.

Una mujer desplazada por la violencia, madre de una niña y ahora embarazada, vivió en Ocurahui. Estudió en la capital y regresó a su tierra para trabajar, pero las familias del pueblo fueron amenazadas: tenían que irse de sus casas porque dos bandas del crimen organizado se enfrentarían y ellas quedarían en medio.

Los cárteles intentaron reclutarlos. Aunque se negaron, sus vidas seguían en peligro y optaron por huir. “En estos cinco años la mayoría de los desplazados hemos tenido sólo pérdidas: nuestra propiedad, trabajo, vehículos, dinero en el banco… todo se terminó.

Perdimos familiares y amistades, porque fueron asesinados o murieron en accidentes, y eso no puede compensarse, resalta la mujer de 35 años, quien pide el anonimato.

–¿Qué le dices a la autoridad?

–Que volteen a vernos, se pongan en nuestro lugar y piensen qué harían si se tienen que salir de su casa sólo con lo puesto, ante la amenaza de perder su familia, su vida… Irse a un lugar donde nadie los conoce, sin oportunidades, a empezar desde cero.

Fuente. La Jornada/Javier Valdez
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