Reforma a la Ley de Telecomunicaciones en materia de Defensor de las Audiencias.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD*

Pendiente de dictamen en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. 

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver

Ante la falta de una figura jurídica que defienda los derechos de las audiencias de radio y televisión, proponemos crear la Defensoría de Audiencia a fin de que sea atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el defensor de audiencias sea parte del IFT con los mismos derechos y obligaciones que los comisionados, excepto integrar el pleno; que los concesionarios cuenten con un área específica encargada de recibir y atender las rectificaciones, recomendaciones o propuestas de acción correctiva que emita la misma.

Argumentos que sustentan la iniciativa

En el mundo globalizado, las sociedades demandan ser escuchadas no solo para cuestiones políticas y sociales, sino para todo aquello que afecta su entorno, como son los medios de comunicación. Con el auge de las redes sociales y la accesibilidad a servicios de televisión de paga las audiencias se han vuelto más exigentes, más selectivas y por supuesto más participativas.

La medición del rating ha quedado obsoleta, al no saber realmente que le gusta y que no le gusta a la audiencia, que le ofende, que le afecta, pues tiene derecho a recibir una comunicación de calidad, con contenidos que sean acordes a sus valores y educación, a tener la tranquilidad de que se respetan los horarios para la transmisión de contenidos no aptos para niños y jóvenes, contenidos que no incitan a la violencia, a la inequidad de género, entre otros factores. Asimismo, tiene derecho a que su voz sea escuchada cuando lo anterior no suceda y que la solución no quede “en el cambio de canal” o “en apagar la radio o el televisor”.

La medición del rating se hace de una manera mecánica, no con mucha certeza de que el grupo objetivo este realmente viendo o escuchando un programa de radio o televisión y tampoco abre un espacio para conocer la opinión de la audiencia respecto a los contenidos de los programas. Este método cuantitativo de calificación no mide lo que la audiencia opina acerca de la creatividad, comunicación, entretenimiento, información y de la publicidad que se transmite, por lo tanto no hay garantía de que la selección de un programa se traduzca en preferencia, agrado y aceptación total de los contenidos. Asimismo, dicha medición no garantiza el cumplimiento de los derechos de las audiencias por parte de los concesionarios y mucho menos atiende la violación de alguno de éstos.

Sin embargo, la medición del rating puede continuar siendo una herramienta exitosa si solo se usa para fines comerciales, no así como parámetro para la creación, permanencia y evaluación de contenidos, pues ello implica tomar en cuenta el cumplimiento de los derechos de las audiencias, y como todo derecho, crear una figura defensora que garantice y vigile que éstos se cumplan.

En 1967 en Suecia y Estados Unidos, se crea el defensor de audiencia. No obstante, a Latinoamérica llega veinte años después, específicamente fue en 1989 en Brasil, que se crea la figura para un medio impreso. “En el terreno audiovisual, el primer caso en la región fue de la cadena Caracol de Colombia, hacia 1997. En México se creó este personaje hasta 2007 en la televisión pública, tanto en Canal 22 como en Canal 11; para 2008 aparece el defensor de Radio Educación y posteriormente el Instituto Mexicano de la Radio, en 2009. La primera empresa privada en contar con esta figura fue MVS Radio en 2011”.1

En ese sentido, no es de extrañar que, en Latinoamérica, los temas de los derechos de las audiencias y la defensoría de las mismas, se encuentren rezagados. En México, apenas en 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye ambos tópicos. Sin embargo, el rezago no solo se dio por la falta de leyes en la materia sino por la forma de abordarlos, en países como Colombia, Ecuador y México la defensoría de audiencia se encuentra como facultad de los concesionarios de radiodifusión, haciendo prioritaria la autorregulación sobre la regulación, que no necesariamente tendría que ser por parte del Estado.

En la práctica internacional destacan los organismos autónomos encargados de regular y vigilar el cumplimiento de los derechos de las audiencias, así como de establecer la defensoría de audiencias desde sus estructuras, entre los que destacan Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, España, y Argentina, en América Latina.

Volviendo al caso particular de México, desde la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se cuestionó el hecho de que la Defensoría de Audiencias quedará del lado de los concesionarios y no solo eso, sino el poco control que tendría la autoridad competente, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre el seguimiento de las quejas y denuncias por parte de las audiencias, así como las casi nulas sanciones en caso de incumplimiento.

Por su parte, los defensores de audiencias de Canal 22, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), y el ombudsman de noticias MVS, durante la discusión de la ley cuestionaron el hecho de que de ser aprobada así, los derechos de las audiencias quedarían sin un instrumento de defensa efectiva, pues si un medio de comunicación no atendía las recomendaciones de la o el titular de la Defensoría de la Audiencia, no existían mecanismos alternos para la protección efectiva de los derechos. “Si bien la Defensoría puede dar a conocer públicamente sus resoluciones, como una manera de poner en evidencia alguna violación al Código de Ética o a un derecho de la audiencia, esto no significa que el medio hará las rectificaciones derivadas de las recomendaciones”. Por lo anterior propusieron que, ante situaciones graves, se debería considerar la posibilidad para que la defensoría pudiera acudir al pleno del IFT, para que fuera éste quien emitiera una resolución final.

Entre otros cuestionamientos se encontraba, el que dicha iniciativa no garantizaba la autonomía del titular de la Defensoría de Audiencia, por lo que el artículo 258 podría convertirse en letra muerta. Ante lo que proponían que se estableciera que la defensora o el defensor tuvieran autonomía funcional respecto de los órganos de administración y dirección del medio, para lo cual el medio debía brindarle el apoyo material y humano para el desempeño de sus funciones. Así como autonomía técnica, para atender en términos más amplios las demandas de las audiencias, de conformidad con los derechos establecidos en la propia ley.

Ya entrada en vigor la ley, los defensores de audiencias Francisco Prieto, Adriana Solórzano, Gabriel Sosa Plata, Felipe López Veneroni y Beatriz Solís, hicieron las siguientes recomendaciones al IFT:

Recomendaciones presentadas al IFT

1. Duración en el cargo. No podrá exceder de tres años por periodo y puede ser prorrogable por dos ocasiones.

2. Vinculación con IFT. Es fundamental hacer explícito y necesario que el IFT cuente con un área que asuma la atención, sustentación y gestión de los derechos de las audiencias derivados de los servicios de radiodifusión que están bajo su supervisión y promoción. Por otra parte y para no dejar en el vacío la garantía de los derechos de las audiencias será fundamental que tengan en el IFT una instancia de apelación si no ven atendidas sus demandas (para dejar un precedente que ayude al deslinde de responsabilidades).

El instituto contará con una unidad administrativa con estructura, al menos de dirección general, encargada de la promoción, protección y garantía de los derechos de las audiencias, la cual tendrá, entre otras, funciones para atender los recursos presentados por las audiencias que habiendo recurrido a las defensorías de los medios no encuentren satisfechas sus demandas y emitirá, en su caso, por sí, o a través del Pleno, una recomendación pública.

El defensor presentará, ante la unidad administrativa, garante de los derechos de las audiencias, un informe semestral en que se incluyan las participaciones de las audiencias, principales asuntos abordados y resoluciones emitidas. Este informe deberá hacerse público en los mecanismos de comunicación que tenga para tal efecto.

3. Vinculación con Consejo consultivo. El defensor de las audiencias deberá contar con el apoyo del Consejo consultivo del Instituto y ante sus miembros presentarán sus informes, propuestas y resoluciones. Como instancia de mediación y atención de las audiencias el Defensor deberá contar con mecanismos alternos para dar su informe y al mismo tiempo el Consejo consultivo del IFT estará en conocimiento del comportamiento de las audiencias sujetos directos de los derechos incluidos en los Artículos 6 y 7 de la Constitución que son el eje de responsabilidad del Consejo por lo que se propone colaboración compartida entre el defensor y el Consejo.

4. Transparencia. El defensor deberá tener un ejercicio transparente y hacer públicas sus recomendaciones y sistematizar las quejas recibidas por las audiencias.

5. Que cuando un defensor atienda a más de un canal o estación (por ejemplo, todo un grupo radiofónico) sea porque se rigen por el mismo código de ética, línea editorial o cualquier otro documento que tenga por finalidad la autorregulación (para intentar evitar un defensor por toda la industria, como lo planea hacer la CIRT).

6. Explicitar los recursos que se deben poner a disposición del defensor para garantizar eficiencia e independencia operativa.

7. Establecer las formas que el concesionario pondrá al servicio del defensor en las que el medio difundirá las formas de contacto con el defensor.

8. Garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad al micrositio web de la defensoría.

9. El concesionario deberá elaborar material impreso y audiovisual para difundir los derechos de las audiencias y los mecanismos de funcionamiento de las defensorías.

10. Establecer procedimientos para el ejercicio del derecho de réplica (y no sólo esperar a la ley)2

Como podemos ver, antes de la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y después de la misma, ya estando en vigor, los propios defensores de audiencias han considerado indispensable la participación del IFT en la defensoría, con el fin de “no dejar en el vacío la garantía de los derechos de las audiencias”.

Entre las propuestas destaca la recomendación número dos, en la cual piden que el Instituto cuente con una unidad administrativa encargada de la promoción, protección y garantía de los derechos de las audiencias, la cual tendrá entre sus funciones la de atender los recursos presentados por las audiencias que habiendo recurrido a las defensorías de los medios no encuentren satisfechas sus demandas.

Siendo así, el promovente de la presente Iniciativa considera necesario que la defensoría de audiencias recaiga en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues la autorregulación deber ser una obligación implícita en el otorgamiento de una concesión, sin embargo, no puede ser la única garantía en el cumplimiento de los derechos de las audiencias.

El mundo ya ha demostrado que la regulación por parte de un ente autónomo, no atenta a la libertad de expresión y si contribuye a un mejor servicio de radiodifusión en cuanto a contenidos se refiere.

En nuestro país, la radiodifusión, particularmente la de uso comercial requiere un cambio urgente, no es casualidad que los monopolios televisivos estén atravesando por una crisis, derivado de la nula retroalimentación que reciben de las audiencias y de su empeño por transmitir programas con contenidos que en poco o nada contribuyen a la pluralidad, calidad y transmisión de cultura.

Se calcula, según datos de 2015, que 10 millones de hogares tienen contratado un servicio de televisión de paga, lo que representa una penetración a nivel nacional de 41.2 por ciento. De acuerdo con datos de Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC, por sus siglas en inglés), “el crecimiento en penetración observado en México se presenta sobre todo en niveles socioeconómicos medios-bajos y bajos con 40 por ciento en D+ (que ganan entre 6 mil 800 y 11 mil 599 pesos al mes) y 44 por ciento en DE (con ingresos mensuales de hasta 6 mil 799 pesos)”3 .

Sin embargo, hay un 68.8 por ciento de hogares que no tienen acceso a este tipo de televisión y por necesidad, no por gusto, sintonizan la televisión abierta. Lo anterior, se ve reflejado en la caída de rating que ha tenido particularmente, la televisora de San Ángel. Desde 2011, según información del diario The Wall Street Journal,tanto Televisa como Tv Azteca habían dejado de publicar sus índices de ratings, los cuales han ido bajando de 43 puntos a 22 en las producciones más populares4 . No obstante, no faltara quien diga que esto se debe a la migración del televidente a servicios “streaming” y televisión de paga y no al desinterés de los concesionarios por crear contenidos de calidad. La realidad de nuestros medios es diversa, y lamentablemente las transmisiones no se limitan a cuestiones educativas, culturales y dotadas de valores, también contienen violencia, vulgaridad, discriminación, entre otros.

Lo cierto es, que las audiencias no tendrían porque optar, por uno o por otro, es un derecho de todo mexicano recibir información plural y oportuna, con contenidos de calidad, los servicios de radiodifusión están obligados a satisfacer esta necesidad, su gratuidad nada tiene que ver con la calidad de los contenidos, deben estar enfocados en que son un servicio público de interés general, que llega a millones de personas de diversos contextos sociales y pueden llegar a tener un carácter influyente en el comportamiento social.

Sin embargo, a dos años de entrada en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no todos los concesionarios, particularmente las dos grandes televisoras de uso comercial, cuentan con un defensor de audiencias o al menos no con un mecanismo para la difusión de su actuación, como un correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, con funcionalidades de accesibilidad para audiencias con discapacidad, como lo establece el artículo 259 de la ley y mucho menos con un espacio visible dentro de sus portales de internet.

Por lo anterior y en concordancia con las recomendaciones hechas por algunos defensores de audiencias así como organizaciones de la sociedad civil y especialistas al IFT, proponemos modificar los artículos 7, 15, 17, 24, 29, 30, 31, 216, 259, 260, 261, 311 y crear un artículo 260 Bis de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de que la Defensoría de Audiencia sea atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el defensor de audiencias sea parte del IFT con los mismos derechos y obligaciones que los comisionados, excepto integrar el pleno; que los concesionarios cuenten con un área específica encargada de recibir y atender las rectificaciones, recomendaciones o propuestas de acción correctiva que emita la defensoría de audiencia, en ese sentido los actuales defensores de audiencias de los concesionarios podrían permanecer como esa área encargada, para llevar a cabo un trabajo conjunto con el IFT; que el defensor de audiencia cumpla con los requisitos y procedimiento de designación, establecidos en el artículo 28 de la Constitución para los comisionados y que este sujeto durante su encargo y concluido el mismo a lo establecido en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

De esta forma, la reforma en telecomunicaciones tendrá un elemento del que lamentablemente careció durante su aprobación, al tiempo que el Congreso de la Unión envía un correcto mensaje de respeto, cuidado y salvaguarda del tejido social en lo que respecta a los derechos de las y los mexicanos que día con día hacen uso del espectro de radio y televisión a fin de que los contenidos, estándares de calidad y productos televisivos ofrecidos, se encuentren a la altura de los mejores del mundo y tengan la posibilidad de competir con ellos.

Fundamento legal de la iniciativa

Por lo expuesto, el suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en lo que respecta al defensor de las audiencias

Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del artículo 7, la fracción LIX del artículo 15, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 17, el primer párrafo de los artículos 24, 29, 30 y 31, la fracción II del artículo 216, el primer párrafo del artículo 259, el artículo 260, el artículo 261 párrafos tercero, cuarto y quinto y el inciso b) del artículo 311 y se suprime el penúltimo párrafo y se adiciona un artículo 260 Bis, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 7. …

El instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de la conformidad de dicha infraestructura y equipos; en materia de Defensoría de Audiencias ejercerá dicha facultad a través del defensor de audiencias.

Artículo 15. …

I. a LVIII. …

LIX. Establecer los mecanismos y criterios de la Defensoría de Audiencia para recibir, atender y resolver denuncias de las audiencias de los servicios de radiodifusión; imponer sanciones así como cualquier otra actuación administrativa que sus facultades permitan.

LX. a LXIII. …

Artículo 17. …

I. …

Por lo que se refiere a la fracción LVIII, será indelegable únicamente respecto a la imposición de la sanción;

Artículo 24. Los comisionados y el defensor de audiencia estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan interés directo o indirecto.

Artículo 29. Los comisionados, el titular de la autoridad investigadora y el defensor de audiencia, en el ejercicio de sus respectivas funciones, deberán:

I. a V. …

Artículo 30. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta ley, los comisionados y el defensor de audiencia podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el instituto, únicamente mediante entrevista.

Artículo 31. Son faltas graves y causales de remoción de los comisionados y el defensor de audiencia:

I. a X. …

Artículo 216. Corresponde al instituto:

I. …

II. Vigilar y sancionar, a través de su defensor de audiencia, las obligaciones en la materia en los términos señalados por esta ley;

III. a V. …

Artículo 259. El instituto contará con una defensoría de audiencia, que será la responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones y/o señalamientos de las personas que componen la audiencia de los servicios de radiodifusión. Los concesionarios deberán contar con un área específica para recibir y atender las rectificaciones, recomendaciones o propuestas de acción correctiva que emita la defensoría de audiencia.

Artículo 260. El defensor de audiencia deberá cumplir con los requisitos y procedimiento de designación, establecidos en el artículo 28 de la Constitución para los comisionados.

El defensor de audiencia, durante su encargo y concluido el mismo estará sujeto a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 260 Bis. Corresponde al defensor de audiencia:

I. Participar en foros, reuniones, negociaciones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de su competencia;

II. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que les sea asignado;

III. Proporcionar al pleno la información que les sea solicitada en el ámbito de su competencia;

IV. Presentar al comisionado presidente sus necesidades presupuestales para que sean consideradas en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del instituto;

V. Coadyuvar con el comisionado presidente en la integración del programa anual y los informes trimestrales del instituto;

VI. Las demás que les confieran esta ley, el Estatuto Orgánico del instituto, el pleno y demás disposiciones aplicables.

Artículo 261. …

Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor las procesará y tramitara? con el concesionario correspondiente, requiriendo las explicaciones que considere pertinentes.

El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de veinte días hábiles aportando las respuestas recibidas y con la explicación y solución que a su juicio merezca.

La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, deberá ser clara y precisa. El concesionario deberá difundir dentro de un plazo de veinticuatro horas, en su página electrónica la rectificación, recomendación o propuesta de acción que el defensor de audiencia del Instituto emita.

Artículo 311. …

a)…

b)…

I. No atender las rectificaciones, recomendaciones o propuestas de acción correctiva que haga el Instituto a través de la defensoría de audiencia;

II. No crear un área específica para la atención de la defensoría de audiencia;

III. …

(Se deroga penúltimo párrafo)

En caso de que se trate de la primera infracción, el instituto amonestara? al infractor por única ocasión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El instituto contará con 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para armonizar y adecuar a sus contenidos los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias.

Notas

1 https://radioyuniversidad.wordpress.com/2015/08/11/la-defensoria-de-aud iencias-en-mexicoretos-de-la-nueva-ley/

2 http://www.unavozcontodos.mx/defensoria/secciones/temasinteres/document os/articulos/201503_informe_defensora.pdf

3 http://expansion.mx/negocios/2011/03/07/cable-tv-suscriptor-dish-sky-ca blevision

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/television/2015/07/ 26/mexicanos-ven-18-horas-de-tv-al-dia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2016.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Enlace a publicación en Gaceta Parlamentaria. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161027-V.html#Iniciativa16

*Nota: Esta iniciativa está pendiente de dictamen en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Fuente: Prensa TLS
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