Huachicoleros colapsan al Estado

El delito de ordeña de ductos de hidrocarburos ha crecido de manera exorbitante en nuestro país, gracias a las cantidades inimaginables de recursos que deja.

Tan sólo en Puebla obtienen utilidades de unos mil 600 millones de pesos mensuales y se convirtió en una de las principales actividades de financiamiento de la delincuencia organizada.

Ahora, los saqueadores se muestran decididos a defender el suministro de sus ingresos a sangre y fuego, sin que importe morir en la raya ni tener que pelear contra el mismo Ejército.

​Hace bastante tiempo que se conoce este acto ilícito que no sólo implica a la entidad poblana. Lo indignante del caso es que ninguna autoridad ha intentado realizar una investigación exhaustiva y seria, para dar con los perpetradores y llevarlos a la cárcel. Como de costumbre, sólo tras las imágenes de la semana pasada se ha comenzado a decir que los huachicoleros serán combatidos “con todo el peso de la ley” y que, para ello, intervendrán diversas dependencias del gobierno de la República.

¿Por qué siempre se permite que cierto tipo de actividades delictivas prospere? ¿Por qué no se pone un hasta aquí a tiempo y en lugar de eso se permite el auge de las mismas, hasta que el problema revienta?

Parece que se decidió reconocer que los huachicoleros eran un problema sólo por la indignación y protesta nacional derivados del ataque a una familia por parte de una banda que opera en Tlalancaleca y Tlahuapan. El Estado reacciona únicamente ante presiones masivas por parte de la sociedad.

​Los llamados huachicoleros han logrado convencer a sus ayudantes en la sustracción, con la idea que les han sembrado, de que el petróleo es del pueblo y apoderarse de él para venderlo no representa ningún delito. Por eso la rebeldía de ciertos pueblos, dispuestos a enfrentarse a cualquier autoridad.

De ahí su oposición a las instancias del gobierno que tratan de cumplir con la orden de evitar este acto ilícito y de someter a quienes lo cometen. Los ya famosos huachicoleros representan un fracaso más del Estado mexicano en su lucha contra el crimen, así como el uso de las Fuerzas Armadas, de nueva cuenta, para enfrentar un problema que ha rebasado al poder civil.

Según cálculos de Pemex, logran ganancias por unos 20 mil millones de pesos anuales en diferentes partes del país, principalmente en el llamado Triángulo Rojo, conformado por seis municipios poblanos: Tecamachalco, Acatzingo, Acajete, Palmar de Bravo Tepeaca y Quecholac.

​Hasta dónde ha llegado el cinismo de estos delincuentes, que se han dado el lujo de instalar otros negocios, como lotes de automóviles y de conducir costosos carros a la vista de todo el mundo y ostentar riquezas. Todo por el hecho de vender el hidrocarburo robado a razón de siete pesos el litro. La ganancia es infinita.

​Representan la impunidad convertida en negocio de grandes ganancias, que ha hecho posible el acercamiento de las autoridades, no para impedirlo, sino para participar del robo en contra del Estado. Una evidencia más de la corrupción del poder civil, que convive con las actividades ilícitas a lo largo y ancho del territorio nacional.

​La actividad delictiva ofrece mucho qué investigar, desde la simple participación de los llamados huachicoleros hasta la de políticos y funcionarios de Pemex, así como de seis estados en donde se concentra más de 90% del robo del producto que transportan los ductos, como Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas. Se habla de combatir a quienes hacen físicamente el trabajo, pero no de la gente que ostenta cargos públicos, que seguramente están detrás del asunto.

​Más valdría indagar por primera vez, en serio, este problema, desde todos sus ángulos y vertientes, que soslayar a las autoridades presuntamente inmiscuidas y hacer como que no son capaces de mezclarse en el delito. Hay que recordar que, de nueva cuenta, los ojos del mundo colocan a México en los reflectores de la vergüenza y del desprecio.

Fuente: Excelsior/Armando Piter
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