Quebranto de $908 millones por tomas clandestinas

La petrolera reconoce que tal delito afecta los ingresos e incrementa los costos de operación asociados a la mitigación de los daños.

Durante el 2016, el quebranto financiero en 22 entidades federativas, causado por el robo de hidrocarburos en su modalidad de toma clandestina, fue de 908 millones 731,526 pesos; Hidalgo fue el estado con un mayor impacto al erario público, reportó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con base en datos proporcionados por la petrolera mediante una solicitud de información hecha por un ciudadano, el año pasado Hidalgo registró un detrimento de 532 millones 138,056 pesos y fueron presentadas 252 denuncias por robo de combustible.

Puebla es el segundo estado entre los 22 que registraron casos de tomas clandestinas, con un monto de quebranto por 109 millones 620,098 pesos y 407 denuncias. Esta entidad es seguida por el Estado de México con pérdidas de 94 millones 819,330 pesos y 240 denuncias.

Baja California presentó 68 denuncias y un impacto de 44 millones 983,171 pesos. El siguiente fue Oaxaca, cuyo impacto financiero por tomas clandestinas ascendió a 38 millones 283,454 pesos y en donde se presentaron 112 denuncias por robo de hidrocarburos.

En Morelos, los números alcanzan los 35 millones 32,690 pesos y fueron presentadas 41 denuncias por hurto de hidrocarburos. Mientras tanto, la merma causada por esta falta en Veracruz fue de 28 millones 656,001 pesos y se presentaron 501 recursos legales.

En Sinaloa las pérdidas fueron de 15 millones 279,623 pesos con 92 denuncias.

En Tamaulipas el quebranto causado fue de 6 millones 275,807; mientras que en Nuevo León fue de 1 millón 626,333 pesos; en Tlaxcala de 1 millón 93,641 y en Coahuila de 923,322 pesos.

Pese a que en Chihuahua, la Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas se han presentado denuncias por robo de combustibles mediante tomas clandestinas, no hay registro de pérdida causada por este delito.

Petróleos Mexicanos pormenoriza que el quebranto se obtiene una vez que se cuenta con el dictamen de valuación de daños.

En los últimos seis años, los eventos de extracción ilegal de combustible han ido en aumento. Durante el 2016, Pemex detectó 6,873 tomas clandestinas, mientras en el 2010 registró 691.

De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa petrolera, Puebla es la entidad con mayor número de tomas clandestinas registradas el año pasado, con 1,533; seguida por Guanajuato (1,309); Tamaulipas (942); Veracruz (668); el Estado de México (483); Hidalgo (344) y Jalisco (306).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 2014, el número de tomas clandestinas identificadas registró un incremento significativo de 1,049.3%, al pasar de 367 a 4,218.

De acuerdo con la fiscalización hecha por este organismo para el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se detectó asimismo que los costos de reparación de ductos en los años de referencia se incrementaron en 815.6%, alcanzando un costo acumulado de más de 1,439 millones de pesos, lo que implicó una afectación en las finanzas del organismo.

Pormenoriza que en el 2014 se registraron 4,218 tomas clandestinas; el 83.0% del total se ubicó en las regiones Centro (36.1%); Norte (24.2%) y Sureste (22.7%).“Esta situación pone en riesgo las instalaciones y los poblados cercanos”, se lee en el documento.

El órgano fiscalizador recomendó que con base en las razones del incremento de las tomas clandestinas, se tomen las decisiones para gestionar y programar las acciones pertinentes, a fin de detectar oportunamente estos sitios de ordeña, así como prevenir y mitigar el robo de combustible.

A través del Informe Anual 2016, Pemex reconoce que este fenómeno “afecta de forma sensible los ingresos e incrementa los costos de operación asociados a la migración de daños colaterales en la distracción de combustibles”.

Asimismo reporta que para combatir esta situación, la empresa se coordina con las distintas autoridades civiles y militares que coadyuvan en la salvaguarda del patrimonio.

 Fuente: El Economista/Ana Lagner

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