Senadores discuten de nuevo ley de desaparición forzada

Ciudad de México. El gobierno federal y las comisiones dictaminadoras de la Ley de Desaparición Forzada de Personas, del Senado, hicieron un último intento por lograr el consenso en torno a esa legislación, a fin de que se apruebe antes del día 30 de este mes, en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Las negociaciones las encabeza Roberto Campa Cifrían subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dependencia que junto con la Procuraduría General de la República (PGR) formuló varias objeciones al proyecto de dictamen, entre ellas las facultades del Mecanismos Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.

El punto que hasta continúa trabado en la sesión es la insistencia de los familiares de las víctimas de ese delito, de que “no sean corporaciones policíacas las responsables de la búsqueda de los desaparecidos”.

De acuerdo con versión de legisladores, el subsecretario Campa les planteó que eso no es posible ya que el Ministerio Público es el que tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y que las policias están adscritas a las procuradurías, por lo que no pueden ser civiles los que se encarguen de investigar, y que tampoco puede constituirse una policía nacional para la búsqueda de personas.

La presidenta de la comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, comentó que “la PRG y Gobernación de último momento formularon una serie de observaciones, sobre todo a los tipos penales, al mecanismo nacional de búsqueda y a las facultades que este tendría”.

En la discusión que se prevé se prolongue a las primeras horas del jueves participan también las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, la perredísta Angélica de la Peña; de Gobernación, la priísta Cristina Díaz y la de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, también del PRI.

Durante la discusión Campa les dijo que es fundamental que se apruebe la ley, primero porque hay una recomendación de la ONU y porque es necesario inhibir el delito y sancionar a los responsables.

Fuente: La Jornada/Víctor Ballinas y Andrea Becerril
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