Bajo el yugo del narco, los pasantes de medicina en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Durante el enfrentamiento entre dos grupos delictivos de La Línea en la zona noroeste del estado, el 19 de marzo anterior, los sicarios de uno y otro bando obligaron a pasantes de medicina y a médicos de regiones serranas a atender a sus heridos, situación que los puso en riesgo y en donde las autoridades del sector salud se han negado a hacer cambios para evitar estas agresiones.

El enfrentamiento ocurrió en el rancho “La Quemada” del municipio de Bachíniva, pero la persecución entre los grupos se extendió por Álvaro Obregón, del municipio de Cuauhtémoc, y varios campos menonitas de ambos municipios.

La Fiscalía General del Estado informó en las acciones dejaron ocho muertos y cuatro policías municipales heridos cuando éstos intentaron contener el enfrentamiento.

La versión de los pobladores y conductores que pasaban por esa carretera del noroeste es que hubo más muertos y había más patrullas municipales “reventadas” en el camino, lo que evidenció la infiltración del crimen organizado en la corporación.

De acuerdo con pobladores cercanos al campo 101 y al rancho “La Quemada”, César Raúl Gamboa Sosa, El Cabo, quen controla la zona de Cuauhtémoc, organizó con su gente una fiesta el domingo 19 de marzo, y el otro líder del mismo cártel pero en la zona de Bachíniva, Namiquipa, Gómez Farías y Buenaventura, Carlos Arturo Quintana El 80, movilizó a su gente para atacarlos.

Según testimonios de gente del lugar, hubo mucho más muertos que habrían sido arrojados a una laguna cercana al rancho La Quemada, y otros más resultaron heridos, quienes fueron rescatados por sus respectivos grupos para llevarlos a atención médica.

En la cabecera municipal de Cuauhtémoc los delincuentes solicitaron un médico y una enfermera para que atendieran a uno de los “jefes” en una vivienda de la salida a Chihuahua.

En las zonas serranas cercanas a Cuauhtémoc, como Carichí, Bachíniva y Namiquipa, por ejemplo, la situación fue más crítica, porque ahí se encontraban sólo pasantes, quienes tuvieron que atender a los heridos y vieron a los sicarios, lo que aumenta el riesgo del personal médico.

Previo al enfrentamiento, otro grupo armado atacó e incendió la comandancia de Carichí y en la acción desapareció un agente. Días después, éste apareció herido por quemaduras, que le fueron atendidas en otro poblado, a donde lo llevaron presuntos delincuentes para su atención médica.

Esa situación puso en alerta a los jóvenes que prestan su servicio social en diferentes ranchos y comunidades de Cuauhtémoc, Carichí, Buenaventura y Namiquipa, principalmente.

Familiares y amigos de los médicos pasantes acudieron con las autoridades de la jurisdicción sanitaria para pedir que los cambiaran de lugar de trabajo por un tiempo, ya que aunque el trato que les dieron los integrantes de los grupos delictivos no fue malo, existe un riesgo fundado tras el contacto con los presuntos sicarios.

Luego de varios intentos por hablar con el secretario de Salud, Ernesto Ávila, y de que éste les mandara decir que no hay médicos que se quieran ir a esos lugares, y por lo tanto deben continuar ahí, es que decidieron hacer público esa situación que, consideran, los pone en grave riesgo.

En el caso de Bachíniva tuvieron que cerrar el Centro de Salud porque fue atacado a balazos, mientras que los pasantes de esa región y otras aledañas fueron trasladados a Cuauhtémoc, donde les rentaron casa pero tienen que seguir yendo a atender a pacientes de sus respectivos lugares de trabajo.

Lejos de solucionar el problema, la Secretaría de Salud les envió un memorándum para notificarles que deben permanecer en sus centros de salud para cubrir las guardias durante este fin de semana, por orden de los jefes de jurisdicción.

Familiares de los jóvenes pasantes en medicina denunciaron que con esa disposición las autoridades vulneran las leyes en las que se exige a aquéllos estar bajo la supervisión de médicos titulados y, además, los ubican en comunidades muy vulnerables.

“La realidad es que los médicos titulados no consiguen trabajo porque las plazas que les deben otorgar, se las ahorran, ya que se reparten los 30 mil pesos que deberían pagar al mes a un médico titulado”, acusó uno de los familiares.

Aparte del riego de trabajar bajo el yugo del crimen organizado, deben lidiar con las decisiones de sindicato, instancia que tiene acaparadas las plazas de las instituciones del sector público, denunciaron los familiares de los jóvenes.

Fuente: Proceso/Redacción
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