Proponen agricultores viraje en la política de ese sector

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Ciudad de México. En el contexto de la conmemoración del 98 aniversario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata, organizaciones integrantes de El Campo es de Todos precisaron que debe haber un viraje en la política agraria del país.

En conferencia de prensa, se pronunciaron por la aprobación de políticas que favorezcan la soberanía y seguridad alimentaria, la reactivación del mercado interno, la diversificación productiva, la defensa del territorio y la justicia agraria, así como la innovación tecnológica y capacitación.

José Narro Céspedes, dirigente de Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), remarcó que los apoyos económicos del gobierno deben reorientarse hacia los pequeños agricultores, pues actualmente “92 por ciento” del presupuesto va a los grandes productores agrarios.

Insistió en que se reconozca a los pueblos originarios el derecho al territorio, legislar sobre el derecho a la tierra y reconocer a las agrupaciones civiles como “organismos de interés público”.

Destacó la necesidad hacer válido el derecho a la vivienda rural, pues dijo que “60 por ciento” de las viviendas del campo están en malas condiciones.

Dijo que se requiere de mayor acceso al crédito, ya que solo “10 por ciento de las unidades de producción rural” cuentan con ese apoyo. Ante esta situación los pequeños productores deben recurrir a “instancias usureras”.

Insistió debe haber “derecho a un crédito barato, suficiente y eficiente”.

Francisco Jiménez Pablo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), mencionó que la lucha de Zapata está “vigente” en la actualidad, ya que se debe enfrentar la política neoliberal instaurada en el campo desde principios de los años 80 y que luego fue profundizada con los cambios al artículo 27 constitucional.

Criticó la “criminalización de la lucha social” y lamentó que en el país se viva una “crisis de derechos humanos”, caracterizada por “miles de desaparecidos” y el establecimiento de un “Estado policíaco y militar”.

Subrayó que no sólo se debe “luchar por la tierra”, sino también por el “poder”, pero advirtió que “no basta con la lucha electoral, el problema es cómo sostenemos a quienes lleguen al poder para que se respete el pacto social”.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), habló del “fracaso de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, que llevó al despojo de tierras, agua, bosques y selvas, así como territorios con potencial de desarrollo inmobiliario y turístico”.

Expuso que “más de 30 millones de hectáreas de ejidos y comunidades han sido concesionadas a empresas mineras”.

Fuente. La Jornada/Carolina Gómez Mena
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