Experimentos mortales en el Instituto de Neurología

19.jpg

Miguel Ángel Celis, nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía –uno de los centros médicos más reputados del país– es acusado por colegas y pacientes de participar en un esquema de experimentación médica en el que estos últimos han sido usados, de plano, como conejillos de Indias. El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida. Lo grave, así, no es sólo la designación de Celis, sino el hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado ni sancionado por las autoridades del país.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El nombramiento de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), el 17 de febrero pasado, revivió una polémica relacionada con su presunta responsabilidad en la práctica experimental ilegal realizada contra más de 500 pacientes con hidrocefalia desde hace más de 10 años.

En entrevista, el neurocirujano Rodolfo Ondarza –quien aspiraba a la dirección del INNN– ha denunciado irregularidades en el proceso para beneficiar a Celis, quien en 2006 fue acusado de incurrir en diversas acciones irregulares cuando fue director de Radioneurocirugía y fue acusado de fraude por su investigación sobre la esclerosis múltiple. El escándalo lo orilló a renunciar al cargo.

De acuerdo con Ondarza, Celis forma parte del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (Cetremi), junto con Julio Sotelo, quien a comienzos de los años noventa diseñó un sistema de drenaje para tratar casos de hidrocefalia, pero el modelo no cumplió con las estipulaciones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, a partir de 1998 Sotelo ordenó que se usara de manera experimental, sin que el protocolo de investigación fuera revisado por el Comité de Ética del nosocomio.

Ondarza, junto con los neurocirujanos Édgar Natal Vera y Roberto Suástegui, pidió al actual secretario de Salud, José Narro, la recomposición del comité designado para la selección, porque con Celis en éste había un conflicto de interés y se violaba la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Narro, sostiene, nunca les respondió.

“El ‘dedazo’ es malo por muchas razones: económicas, sociales, obviamente del sector salud… Son políticas que conciernen a todos los mexicanos. Debería también darse una reforma a la normatividad existente que permite que individuos como Miguel Ángel Celis López, que tiene averiguaciones previas ante la Procuraduría General de la República (PGR), puedan aspirar a la titularidad de un instituto nacional”, agrega.

Las denuncias

El 5 de febrero de este año, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RCI) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas documentales sobre el daño que ocasionó a Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles el experimento contra la hidrocefalia, para que fueran integrados a la Petición de Admisibilidad que el presidente de la RCI, el obispo Raúl Vera, promovió desde 2012.

“La Comisión Interamericana archivó la petición 1316-12 porque no había víctimas directas solicitando justicia; eran víctimas indirectas: en este caso, el grupo de doctores que había luchado para aclarar esta situación y que fue despedido (Ondarza, Natal y Suástegui)”, indica Magdalena López Paulino, vocera de la RCI, en entrevista con Proceso.

Yolanda y Alberto se acercaron a la Red para entregarle los documentos que avalan que fueron utilizados como conejillos de indias cuando recibieron el implante quirúrgico intracerebral. Denunciaron también que nadie les avisó –a ellos ni a sus familiares– que el procedimiento estaba en fase experimental y que, además, tuvieron que pagar la operación.

El 6 de febrero, añade López Paulino, miembros de la Red tuvieron una reunión con el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, “para hablarle de esta experimentación en el INNN sin aval ni de los pacientes ni de la familia de los pacientes”.

Ella también ha hablado al respecto en la Universidad de Columbia “acerca de este experimento que se estuvo realizando en este instituto”. Y la RCI ha entregado un informe al respecto a la ONU, en Nueva York, Estados Unidos.

–Después de presentar las pruebas ¿qué sigue? –se le pregunta a López Paulino.

–Sigue esperar y preguntar si van a aceptar este caso de inmediato. Es un caso de gravedad porque aquí está en peligro la vida de varias personas. Si aceptan el caso, la comisión lo que hace es “darle el traslado”, es decir, todo lo que nosotros suscribimos pasárselo al Estado mexicano, y el Estado mexicano responderá a lo que denunciamos.

El jueves 2, Yolanda y Alberto explicaron cómo fueron utilizados por neurocirujanos del INNN al recibir el “sistema de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo”. En conferencia de prensa denunciaron que son aproximadamente 500 pacientes afectados por este experimento.

Los daños que les ha causado el implante son irreversibles, porque se encuentra encarnado en el cerebro, lo cual les ha impedido realizar sus actividades cotidianas y les causa fuertes dolores de cabeza, inestabilidad en el cuerpo e insomnio.

Han interpuesto denuncias ante la PGR, puesto que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han registrado el mal manejo de este implante.

“Algo que están pidiendo estas dos víctimas es que nunca más se vuelva a experimentar sin autorización de las personas y que se investigue hasta las últimas consecuencias”, indica López Paulino, quien acompañó a las víctimas en la rueda de prensa.

Un triste caso

El 24 de marzo de 2009, María de Lourdes Walkup Mentado, quien entonces tenía 45 años, presentó ante el Ministerio Público de la Federación, en Cuernavaca, Morelos, una denuncia contra el INNN, con copia a la Secretaría de la Función Pública. Entre los presuntos responsables de “hechos cometidos en agravio a su persona” nombró a Miguel Ángel Celis, quien entonces era director de Radioneurocirugía.

En el expediente Conamed 2806/09 (abierto en enero de 2010 en la Ciudad de México) se expone el caso de la señora desde que ingresó al INNN el 18 de abril de 2006 “por vértigo y mareos”. Le detectaron un tumor, la operaron y le colocaron una válvula. Al poco tiempo se quejó de que tenía una sensación “como que caía una fuente de agua” dentro de su cabeza, pero no le hicieron caso y la dieron de alta. Tuvo que regresar al instituto porque le comenzó a salir un líquido por la nariz.

De inmediato la internaron porque resultó ser líquido cefalorraquídeo. La volvieron a operar “pues había una fístula”. El siguiente paso para su recuperación era una radioneurocirugía, que sería realizada por el doctor Celis, a quien sólo vio una vez durante el proceso. Sin embargo, él no la practicó.

El 12 de junio de 2009 ratificó su denuncia porque ni ella ni sus familiares fueron informados sobre una autorización para realizarle un procedimiento de panangiografía cerebral “y para la colocación del sistema SDVP tipo INN PCD”, como tendría que haber ocurrido según lo que señala el Reglamento de la Ley General de Salud. Además, la señora nunca tuvo síntomas de hipertensión endocraneal o hidrocefalia obstructiva, que son los males que supuestamente cura ese procedimiento.

“A su hermana le dieron a firmar una nota de consentimiento informado que no cumple con los requisitos legales para cirugía experimental que exige el Reglamento General de Salud en materia de investigación. Omitieron informar que no era exactamente una válvula, sino que se le colocaría un sistema de derivación ventrículo peritoneal de tipo experimental, diseñado por el doctor Julio Everardo Sotelo Morales, director general del INNN en 2006. Tampoco le explicaron que la colocación de dicha prótesis sería de por vida”, señala el expediente.

También destaca que ese sistema de derivación “no estaba autorizado por la Secretaría de Salud cuando (la paciente) ingresó al instituto, que tampoco contó con la aprobación del entonces jefe de la División de Investigación Clínica, el Dr. Francisco Escobedo ni del Comité de Bioética”.

Además, señala: “Es de conocimiento y dominio público que el doctor Miguel Ángel Celis López no tiene un adiestramiento formal ni en neurocirugía estereotáctica funcional ni en radioneurocirugía, hecho que explica el error médico. De todo ello (la paciente) tuvo conocimiento hasta que obtuvo su expediente clínico por medio del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información, en mayo de 2009)”.

Walkup Mentado promovió una queja ante la Conamed (que se registró con el expediente 1401/2009), pero concluyó por falta de interés procesal, pues el entonces apoderado legal del INNN, Jaime Gabriel Narváez Géniz, “no aceptó someterse a proceso arbitral”. Alegó la prescripción del caso y por eso no se actuó en esa ocasión.

El 10 de diciembre de 2015, en una nota periodística de El País se informó de otro dictamen de la Conamed sobre el implante del dispositivo para tratar la hidrocefalia en 194 mexicanos que sigue en etapa experimental y había sido colocado sin el consentimiento de los pacientes. “Después de 10 años de batallas legales los afectados exigen una indemnización”, se leía. Walkup Mentado falleció sin recibir justicia y a consecuencia de las lesiones cerebrales que le causaron el experimento de Sotelo y Celis.

La mano que mueve a Celis

En 1993, Julio Everardo Sotelo Morales patentó, a título personal, un tubo o manguera experimental que denominó “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo”. Está fabricado con un material llamado Tygon y supuestamente corrige la hidrocefalia.

Nunca había sido usado de manera permanente en el interior del cerebro humano. Este sistema, al no emplear una válvula, depende para su funcionamiento de la “gradiente de presiones”, es decir, el paciente debe permanecer sentado o de pie para que funcione. En una persona acostada, por el contrario, su uso incrementará la presión intracraneal.

“El punto de mayor relevancia es que usando su posición como director del INNN, (Sotelo) experimentó en alrededor de 500 víctimas pacientes de este nosocomio, pertenecientes a grupos vulnerables de todo el país. A ellos, en ningún caso les pidió autorización para ser sujetos de cirugía experimental, lo que viola flagrantemente sus derechos humanos y la legislación vigente”, critica Ondarza.

Lo anterior ocurrió también en otros hospitales donde –a decir de Sotelo Morales en artículos publicados en el INNN– el aparato se colocó en recién nacidos. A ellos terminaron retirándoles el sistema experimental.

A casi 10 años de estas denuncias, no ha habido una resolución ni parcial ni definitiva y las víctimas siguen muriendo, afirma.

Ondarza responsabiliza al ex y al actual presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, y a los exsecretarios de Salud Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk, José Ángel Córdova Villalobos y al actual, José Narro, porque no le han dado importancia al tema y han manejado a discreción el proceso de relevo en la Dirección General de los Institutos Nacionales de Salud.

“También responsabilizamos a este último secretario y al actual director general del INNN, Miguel Ángel Celis López, de cualquier abuso de poder, hostigamiento laboral o despidos injustificados similares a los ocurridos hace 10 años como resultado de las declaraciones hechas a la prensa al defender los derechos humanos de los pacientes”, agrega.

El denunciante llamó la atención de los “dedazos” en estos nombramientos, porque quienes los perpetran son quienes deciden sobre las políticas públicas en materia de salud y afectan directamente a la población. “De ellos depende cómo se lleve a cabo el ejercicio de 863 millones de pesos”, explica Ondarza.

Menciona que el INNN está “en números rojos” y desde noviembre de 2016 los pacientes tienen que realizarse sus estudios clínicos en laboratorios privados.

El 15 de abril de 2015 se publicó en internet que Sotelo Morales renunció a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración y miembro del Comité de Riesgos de Genoma Lab.

“La importancia del INNN es internacional, un porcentaje importante de residentes, de investigadores, son extranjeros. Hay un deterioro en la parte de enseñanza, no sólo en la parte de la atención médica, sino también en la investigación. Ha habido diferentes escándalos de estos mismos actores, médicos, investigadores y políticos en otras áreas, como el delito de lesa humanidad en neurología y fraudes científicos que han sido documentados a escala internacional. Lo que deseamos es que esto pare”, expresa.

Considera que esto es parte de la corrupción que ha perneado en el sector salud, en el que se multiplican hospitales en obra negra, desvío de recursos para campañas políticas, medicamentos caducos, entre otras irregularidades.

Pese a los señalamientos contra Celis, el 17 de febrero de 2017 Narro le dio posesión como director general por un periodo de cinco años.

Fuente: Proceso/Rosalía Vergara
Este reportaje 
se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s