“No da para vivir. Prestar los servicios de traductores e intérpretes en lenguas indígenas es un trabajo que muchos de nosotros acabamos haciendo casi de manera altruista; y a veces los juzgados nos ordenan que nos presentemos a dar el servicio, y nos advierten que, en caso de no asistir, podrían imponernos multas de 3 mil pesos en adelante, y hay compañeros a los que eso les da miedo y desertan de estas tareas”, explica a Crónica Holmec Martínez Ramírez, traductor e intérprete en lengua triqui. Ese temor es uno más de los factores que impiden que los indígenas sujetos a proceso judicial tengan asistencia en su propia lengua.
Martínez explica que ningún traductor o intérprete gana con estos trabajos lo suficiente para hacerlo su medio de vida: “Si trabajamos de intérpretes una o dos horas, y nos van a pagar 150 pesos por cada hora, muchos compañeros se desalientan”.
El trato entre los sistemas judiciales y los traductores o intérpretes en lengua indígena carece de uniformidad. A ello, tiene que agregarse que muchos de ellos desconocen las particularidades de los procedimientos de impartición de justicia, y se sienten intimidados por los términos en que se requiere su participación: “Hay juzgados que nos dicen ´preséntese en el término de 72 horas´, y si no lo haces, se puede interpretar como desacato judicial, y la multa que deriva de eso es más alta que los pagos que recibimos, y a veces la gente no se presenta no porque no quiera, sino porque tiene un trabajo que no puede desatender, porque de eso vive”, detalla Holmec Martínez, indígena triqui, abogado por la FES Aragón de la UNAM.
“EL QUE SOLICITA TIENE QUE PAGAR”. “El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) siempre nos dice: si no te pagan, avísanos, para ver cómo podemos ayudar. Y siempre tenemos claro que el que solicita nuestros servicios es quien ha de cubrir el pago”, explica el intérprete en lengua triqui. “Pero también ocurre que a la hora de la hora se excusan, o se justifican diciendo que no tienen una partida específica para pagarnos, cuando esos mismos juzgados trabajan en convenio con el Inali y asumen el compromiso de pagarnos. Interviene el Instituto, pero mientras, uno ya dio el servicio, ya fui, ya hice, y llevo más de tres meses intentando que me paguen”.
Una y otra vez se vuelve a caer en la escasa flexibilidad administrativa, y la desigualdad opera por partida doble: el indígena sujeto a proceso a veces se queda sin la asistencia que le corresponde, y si la recibiese, no siempre se considera un trabajo que debe remunerarse.
“La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a veces se ofrece a hacer los pagos, pero eso lleva su caminito: hay que hacer documentos, demostrar que prestamos el servicios, y los juzgados tienen que dar copias de los documentos del proceso judicial, y algunos son accesibles y nos ayudan, pero otros se niegan, diciendo que son asuntos delicados y que esa información no se puede difundir entre personas directamente interesadas”.
La CDI, efectivamente, cuenta con una partida pequeña para pagar intérpretes, aproximadamente mil pesos por audiencia en la que participa uno de ellos, pero nunca es suficiente; siempre se agota antes de que acabe cada ejercicio presupuestal. Aunque entidades federales como la PGR se atienen a los criterios de la CDI para pagar a un intérprete, hay agrupaciones que piensan que los montos pagados son insuficientes: “Hablé con el presidente de una de estas asociaciones”, refiere Holmec Martínez, “y me explica que ellos suelen cobrar de 2 mil pesos en adelante, porque son trabajos especiales que no cualquiera puede hacer. Me dijo que regalo mi trabajo. Otros compañeros apoyan a los indígenas en proceso por amor al prójimo, por satisfacción personal, pero muchas autoridades se dan cuenta, se aprovechan y no les pagan.”
—¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas?
—Los indígenas tenemos otra formación; acostumbramos tender la mano a los paisanos, a los hermanos; nos cuesta mucho desafanarnos de eso, y acabamos regalando nuestro trabajo.
Efectivamente, ser intérprete o traductor en un proceso judicial es quizá la opción menos redituable. “Sé de intérpretes que llegan a ganar hasta 15 mil pesos por colaborar en videos de tipo publicitario, pero son cosas muy diferentes. No todas las lenguas indígenas están presentes en esas opciones.Yo estoy especializado en materia penal, pero otros trabajan en asuntos sociales o de salud. En el sistema judicial es donde realmente nos presionan y por eso hay compañeros que desertan, aunque tengan su acreditación. Yo les digo que si no se van a presentar, por lo menos avisen, para que otro intérprete pueda dar el servicio. Pero como no conocen los procedimientos de las autoridades penales, se atemorizan y le dicen al Inali: “ya no nos manden avisos de servicio, para qué me busco problemas”.
“DAR EL SIGUIENTE PASO”. Holmec Martínez ve en desigualdades muy añejas la razón por la cual los indígenas sujetos a proceso ven muchas veces obstaculizado su derecho a ser asistido en su propia lengua. “No sé si decir que es un asunto cultural, pero siempre le damos valor a lo extranjero, a lo que viene de fuera, y no valoramos lo que realmente tenemos en nuestro país”.
El intérprete en lengua triqui opina que se necesita sensibilizar a procuradores y juzgadores de los estados, porque aún son pocos los que hacen alianza con el Inali para tener acceso al Padrón de Intérpretes y Traductores.
En los hechos, el mandato constitucional sigue sin cumplirse. Martínez cree que dar un paso más para consolidar los derechos lingüísticos de los indígenas mexicanos sería dejar de emprender trámites y solicitudes en español, cuando es una comunidad o un ciudadano indígena el que lo requiere: “Podríamos hacerlo en nuestras lenguas”. De esa manera, apunta, las instancias públicas se verían obligadas a requerir con mayor frecuencia traductores o intérpretes. Refiere que algunos compañeros ya hicieron un primer ejercicio de esas características, pero como no le dieron seguimiento, no hay información de los resultados obtenidos. “Es un pendiente que quiero cumplir”.
Tareas de un intérprete traductor
Holmec Martínez Ramírez empezó sus tareas de intérprete en lengua triqui de manera informal, por solidaridad. “Acompañaba a gente cercana, a familiares, pero no sabía que era un derecho de los hablantes de una lengua tener ese apoyo”.
Desde 2008, Martínez comenzó una preparación formal como intérprete.
“En ese entonces tuve un diploma, que no era suficiente para acreditarse en un tribunal”.
Hoy día, Holmec es uno de los cinco hablantes de triqui certificados como traductores intérpretes por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y esa acreditación le permite presentarse en un juzgado. Desde que recibió esta acreditación, el año pasado, ha prestado un servicio para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).
“Me contactaron a través del padrón, vieron que estoy certificado para hacer traducción e interpretación en juicios penales y vieron que los materiales estaban en mi variante de la lengua triqui. Así me contrataron para hacer traducción del triqui al español de grabaciones legales, lo más fieles posibles, porque se trataba de una investigación de delincuencia organizada”.
Fuente: La Crónica/Bertha Hernández
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