El gobierno del estado de California creó una partida de 30 millones de dólares destinada a instrumentar la defensa legal de los mexicanos indocumentados. A eso se suman otros 10 millones aportados por el gobierno de la ciudad de Los Ángeles.
La iniciativa privada californiana está en vías de aportar recursos con el mismo fin, porque en los hechos, la mejor manera de defender a los mexicanos indocumentados de las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump es hacer valer en un tribunal sus derechos adquiridos, dice a Crónica el abogado mexicano Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Vamos Unidos USA, con sede en la ciudad de Los Ángeles.
EL FRENTE LEGAL. “A mi juicio, el primer frente y el más importante, en lo inmediato, es el de la representación legal de migrantes mexicanos arrestados que deciden luchar en los tribunales para hacer valer sus derechos adquiridos”, afirma Juan José Gutiérrez. “El hecho de que una persona no tenga documentos no quiere decir que no tiene derecho a estar en este país: ésa es la forma más simple de analizar el problema que padece buena parte de los más de 11 millones de indocumentados mexicanos que trabajan y pagan impuestos en este país. La mayor parte de ellos ya han adquirido derechos que son defendibles ante un juez de inmigración”
De hecho, la posibilidad de contar rápidamente con un abogado resulta vital para frenar la deportación. “Puede darse el caso de que, incluso, se lograra la legalización”. Gutiérrez cita un estudio elaborado por el gobierno de Los Ángeles: un indocumentado que se haga representar con rapidez y eficacia ante los tribunales, tiene hasta un 90 por ciento de probabilidades de eludir la deportación.
Y es que las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadunidense Donald Trump son el recurso con el que el mandatario pretende salvar un problema real del sistema judicial estadunidense: la lentitud con que operan las cortes de inmigración. “Tienen un atraso de años”, afirma el director de Vamos Unidos USA; “carecen de recursos para darles el debido curso a los casos pendientes y ahora Trump pretende desempantanar esto por decreto. Pero al hacerlo está violando la Constitución de los Estados Unidos. Puede meterse en un problema muy serio”.
La maraña legal generada a partir de las órdenes ejecutivas plantean un escenario donde Gutiérrez está convencido que puede darse un trabajo legal que frene las deportaciones: “Trump dice que se deportará a aquel que no pueda demostrar que lleva más de 2 años en este país. Eso es completamente inconstitucional”.
Es un asunto de dinero. Un servicio de defensa migratoria es caro en EU, “a un indocumentado le costaría alrededor de cinco mil dólares hacerse de un abogado que lo defienda en los tribunales”, explica Juan José Gutiérrez, “hay abogados con conciencia y sentido de servicio, y los hay, también, que ven estos casos desde un punto de vista estrictamente comercial”.
“En California, el gobierno es progresista, y son dos mexicoamericanos los que dirigen la actividad de los senadores y diputados estatales. Predomina una posición proinmigrantes que se tradujeron ya en los primeros 30 millones. Con lo que ya dio el gobierno angelino se están asegurando recursos casi iguales a los prometidos por el gobierno mexicano para todo el país”, señala el entrevistado.
Parte de los 40 millones de dólares disponibles en california permite a Vamos Unidos USA ofrecer gratuitamente, en los Ángeles, el trámite de nacionalización a los mexicanos inmigrantes que reúnen condiciones para ello. “Hay mexicanos elegibles para obtener la nacionalización, pero no lo han hecho porque no tienen los 725 dólares que cuesta pagar ese trámite a las autoridades de Migración. Y ese trámite es importante porque con él es más fácil ayudar a legalizar a los parientes indocumentados”.
Fuente: La Crónica/Bertha Hernández
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