Los representantes de la sociedad civil destacaron que también está pendiente un tema de “mayor envergadura”, que es el nombramiento del fiscal general de la República.
La decisión que tomó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República para incluir a la sociedad civil en el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción es un paso en la dirección correcta, aunque aún queda pendiente un tema de mayor envergadura, que es el fiscal general de la República, manifestaron a El Economista integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En entrevista, José Octavio López Presa, integrante del CPC, explicó que es “positiva” la postura de la Cámara Alta. “De hecho, fue el planteamiento que les hicimos la semana pasada que nos invitaron los senadores a platicar con ellos, sobre todo los de la comisión anticorrupción”.
El también fundador de Causa en Común abundó, que en la reunión con los legisladores, el planteamiento principal que realizó el CPC fue que no se podían “seguir haciendo nombramientos por dedazo y en lo oscurito, sobre todo en los puestos claves del SNA. Con eso me refiero a que todas estas posiciones, como de contralores y auditores, eventualmente jueces y ministerios públicos (no tengan que deber) el puesto al favor de su jefe, que los puso ahí por amistad, compadrazgo o lo que sea”.
En tanto, Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, coincidió en lo benéfico que es que los nombramientos ya no se hagan a puerta cerrada. “Hay que ver todavía en qué consistirá este involucramiento ciudadano (…) pero lo que me parece más importante es que sí se definan perfiles idóneos para los puestos y que esos perfiles sean públicos”.
La directora de Fundar, Haydeé Pérez, manifestó su beneplácito de que el proceso se abra a la sociedad civil, aunque no es una sorpresa, ya que “desde el año pasado se buscó a los presidentes de las comisiones de Justicia y Anticorrupción para proponerles precisamente un proceso de designación que fuera, digamos, bajo los principios de Parlamento abierto; desafortunadamente, no se ha podido concretar esta propuesta, así que el hecho de que la Jucopo lo haya puesto públicamente sobre la mesa es una excelente noticia”.
Pérez opinó también que la elección del perfil idóneo de quien ocupe el escaño de fiscal anticorrupción debe estar en concordancia con el “contexto político actual y de los riesgos y desafíos que enfrentaría esta nueva fiscalía”.
En este rubro, Edna Jaime acotó que un perfil ideal para el nuevo fiscal anticorrupción es que sea jurista y penalista experimentado, con una reputación intachable, “que no tenga vínculos con el poder, que genere confianza ante los mexicanos (…) y que sea un constructor de instituciones”.
Fundar, agregó Pérez, ha propuesto tres etapas para la elección del fiscal anticorrupción; la primera, dijo, es conformar un comité técnico que acompañe el proceso y que esté integrado por académicos especializados en el tema o integrantes de la sociedad civil que tengan reglas internas de funcionamiento autónomas y que sean públicas.
A esto le seguiría “la definición de una metodología con criterios claros y públicos para la valoración de las y los candidatos en dos partes: la primera para revisar los perfiles en las comparecencias públicas y mediante la revisión de los expedientes y (segundo) en función de este análisis, se le propondría (al Senado) una lista de al menos tres candidatos idóneos para ocupar el puesto”, abundó.
A su vez, López Presa precisó que un mecanismo de selección como el que se llevó a cabo para el CPC podría ser bueno, haciendo algunas adecuaciones, “pero definitivamente el concurso público transparente, abierto, profesional, debe ser la norma para nombrar puestos importantes, primero en el SNA y después, quizá también en otros puestos del gobierno”.
Indicó que será el próximo 6 de abril cuando la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, instalará el Comité Coordinador del SNA “con o sin fiscal anticorrupción”, como lo estipula la norma.
A pesar de que la fecha de integración del comité rector está demasiado cerca, Haydeé Pérez añadió que es mejor que se realice el nombramiento del fiscal pensando en la idoneidad que en el cumplimiento de alguna fecha.
Apresurar al Senado “sí puede impactar negativamente en la conformación del sistema y la posibilidad de que entregue resultados como los que la ciudadanía está esperando”.
Fiscal general, pase automático
La directora de Fundar recordó que aún está pendiente en el Legislativo la propuesta en materia de reforma constitucional para que se elimine el pase automático del actual procurador a fiscal general; “éste es un elemento clave”, pues se corre el riesgo de que la atención se centre en la designación del fiscal anticorrupción y no se vea el problema en su conjunto.
“Necesitamos una Fiscalía General de la República renovada, que realmente pueda trascender las sinergias y los vicios que viene arrastrando la Procuraduría para que el fiscal anticorrupción pueda insertarse en una institución fuerte con autonomía y que realmente pueda ofrecer resultados”, sostuvo.
Pérez insistió que algo incluso más importante que integrar a las organizaciones en la sociedad civil es que “se abra un proceso de Parlamento abierto para la discusión del modelo de Fiscalía que México necesita (…) en el que se escuchen distintas voces de sociedad civil, de academia, de los propios operadores de justicia que sea transparente de cara a la ciudadanía y bien estructurado”.
Asimismo, López Presa acotó que si bien la reforma que se realizó estipula que el fiscal general sea quien nombre con posterioridad al fiscal anticorrupción, el CPC pugnará para que esa posición se asigne a través de un concurso público pues, dijo, la ley estipula quién debe nombrar a la figura, pero los candidatos al puesto pueden ser seleccionados a través de un proceso abierto.
Edna Jaime manifestó que es “vital el nombramiento del fiscal general de la República (…) Es más importante este nombramiento que el fiscal anticorrupción, o por lo menos igual de importante; el diseño hace que el fiscal anticorrupción tenga completa subordinación con el fiscal general de la República, si tenemos un fiscal que no da el ancho, que no cumple con las características de idoneidad, le dará un margen de actuación al fiscal anticorrupción muy estrecho y va a fracasar”.
Este problema, agregó Jaime, se debe a una reforma política que quedó “muy incompleta e insuficiente”, ya que se plantea una transición automática de la fiscalía a la procuraduría, lo que crea una estructura disfuncional que avizora muchas probabilidades de fracaso.
Sentenció que, si desde la sociedad civil “no se empuja con vigor” el interés para que se generen los cambios para tener una fiscalía robusta, nunca aparecerá.
Fuente: hector.molina@eleconomista.mx
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