La exfiscal enfrenta un proceso por haber encarcelado con pruebas falsas a un coronel; podría ser condenada de 12 a 16 años de cárcel.
Ella y los otros 4 peritos del caso Iguala tienen inmunidad contra cualquier acción jurídica por el convenio firmado con el gobierno federal.
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Los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el caso Iguala están protegidos contra cualquier investigación o acción jurídica en su contra, debido a que en el convenio que firmaron con el Gobierno mexicano incluyeron una cláusula para gozar de “inmunidad” total durante el tiempo que dure su labor en el país. Esta cláusula protege, sobre todo, a la líder de los expertos de la CIDH, Ángela Buitrago, quien enfrenta en Colombia un proceso penal por prevaricato, falsificación de testigo y fraude procesal, a raíz de que encarceló injustamente por ocho años al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por supuesta desaparición forzada. Además, la exfiscal es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de ese país por ese mismo caso, como lo confirmó el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. De acuerdo con el abogado del coronel Plazas Vega, Jaime Granados, de ser señalada culpable de los delitos que se le imputan Buitrago podría ser condenada a una pena de 12 a 16 años de cárcel. Granados precisó que en el caso de la investigación que está en manos de la Fiscalía sólo están esperando a que se nombre a un nuevo fiscal general para avanzar con las indagaciones contra Buitrago. La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz también tiene en su contra dos demandas que fueron interpuestas por la también exfiscal Gilda Aguilar Rodríguez y por la Fundación contra el Terrorismo Guatemala que la acusa de haber encubierto al expresidente, Otto Pérez Molina, así como a la expresidenta, Roxana Baldetti, actualmente presos por actos de corrupción. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de esa fundación, señaló: “como fiscal general, sabía de esas indagaciones, a ella le constaban muchas de las pruebas, como conversaciones telefónicas que fueron interceptadas en el Ministerio Público durante su época. Pero la exfiscal se cruzó de brazos para no proceder contra Pérez Molina ni contra Baldetti”. Aguilar la demandó por los delitos de denegación de justicia e incumplimiento de deberes, ya que Paz y Paz desvió la investigación sobre el atentado del que fue víctima Aguilar el 22 de agosto de 2012. “Ella hizo que las investigaciones se fueran por otro camino. Se negó a que se profundizara en las líneas de investigación para ubicar a mis agresores”, dijo. El ataque contra Aguilar ocurrió 12 días después de que se negó a revocar las órdenes de aprehensión contra 10 integrantes del Comité de Unidad Campesina, como se lo había ordenado la integrante de la CIDH, quien se caracterizó por proteger a la izquierda.
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La Razón/María Cabadas
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