El gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de proteger la libertad de expresión y la vida de muchos periodistas que trabajan por revelar verdades que no todos quieren que se escuchen. Frente a los medios de comunicación, Duarte aseguró que no hay gobierno en México que cuidara más a los periodistas que el de Veracruz. Lo justificó utilizando el número de periodistas y medios que trabajan en la entidad. Una estrategia lamentable, que al final de cuentas nos dice que frente a una enorme planta de periodistas veracruzanos, apenas quince fueron asesinados.
Mientras el gobierno dispara el pecho contra las cámaras pretendiendo cuidar su imagen, uno se pregunta si el gobierno veracruzano es incapaz de controlar, o si en realidad tolera, las continuas violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la corrupción virulentamente esparcida. Apenas en febrero cinco jóvenes fueron levantados en Tierra Blanca, Veracruz, por siete integrantes de la policía estatal. Duarte defendió a su agencia, pidiendo que el trabajo y esfuerzo de miles de policías no puede quedar empañado por siete malos elementos.
Eso no es todo, en marzo se difundió en redes sociales y, finalmente, en los medios, el lamentable caso de abuso sexual en contra de una joven veracruzana en Boca del Río llevado a cabo hace más de un año por cuatro jóvenes de familias relacionadas con el mundo político y empresarial del estado. El padre de la víctima decidió publicar cuatro cartas para las cuatro familias de los jóvenes acusados, y un video en el que se observa a los mismos pedir perdón, con el objetivo de evidenciar a las familias y a los acusados, luego de un acuerdo entre particulares que finalmente no se respetó y, por supuesto, exigir justicia. El caso ha concentrado la atención nacional en las acciones el gobierno de Veracruz y su sistema de procuración de justicia, con los cuales las familias de los acusados mantienen presuntamente algún tipo de relación.
De ser resuelto con todas las herramientas necesarias para que se haga justicia, el gobierno de Duarte y su fiscalía habrán resuelto un caso que ponía en riesgo, su ya de por sí, desprestigiada imagen. Un excepcional caso que no abrillantará la opacidad de la procuración de justicia, que no mejorará el respeto a los derechos humanos, ni solucionará el problema de violencia en Veracruz. Porque el problema no son un poco más de diez periodistas asesinados, ni unos cuántos elementos defectuosos, ni un par de ministerios públicos mal aceitados. El problema es que el gobierno no puede garantizar que una sola de
sus instituciones funciona como debiera y el costo de ello recae en personas enmascaradas por las numeralias de Duarte.
La Razón/@hastaelPeter/Pedro Sánchez Rodríguez
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