El “acoso” a ejidatarios de Tila, por 130 hectáreas

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Integrantes del comisariado eji­dal de Tila, Chiapas, señalaron que los recientes actos de acoso en su contra por parte de las autoridades municipales es que se pretendeconsolidar la expropiación de 130 hectáreas de terrenos ejidales en la zona, pertenecientes desde hace cientos de años a esta comunidad chol.

Entrevistados vía telefónica desde la ciudad de México, los ejidatarios –adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona– recordaron que desde hace al menos medio siglo, los gobiernos municipales y estatal han intentado arrebatarles sus tierras paraprivatizarlas y destinarlas a la compraventa.

Recordaron que en 2008 un juez de distrito de Chiapas concedió un amparo en su favor para que esas 130 hectáreas se restituyan a la comunidad, caso que llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de la autoridad municipal, pero que a la fecha no ha sido resuelto.

Uno de los dirigentes ejidales ­–quien requirió el anonimato por temor ante las nuevas agresiones contra su comunidad– indicó que hace unos días en asamblea comunitaria se decidió la expulsión del presidente municipal de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, pues los políticos quieren imponerse de nuevo.

 

Señaló que desde entonces arreciaron las amenazas y agresiones contra los ejidatarios. Como la del pasado 20 de diciembre, cuando uno de los líderes de la policía municipal, a quien identificó como Francisco Vilchis, disparó contra varios comuneros e hirió a uno.

Los integrantes del ejido de Tila señalaron que los desencuentros con las autoridades municipales son una de las principales razones para que el alcalde haya promovido la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia. Quieren entrar a Tila a sangre y fuego, pero nosotros seguiremos luchando y manifestándonos hasta recuperar nuestras tierras.

Resaltaron que la presencia de ese grupo paramilitar había sido casi nula en el ejido; sin embargo, durante el pasado proceso electoral (junio pasado) los miembros de Paz y Justicia comenzaron a bloquear caminos y a salir y entrar de la comunidad embozados, lo que generó desconcierto entre los pobladores.

Lo que queremos es vivir en paz y con tranquilidad. No queremos nada con el ayuntamiento, nos han tenido en problemas por años. Optamos por el método de usos y costumbres y como tal tomamos las decisiones, no de otra forma. La expulsión de los funcionarios del ayuntamiento es un hecho.

La Jornada/Emir Olivares Alonso

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