La sección 22 fijó una cuota a sus 81 mil docentes agremiados en esa entidad; esperan obtener dos millones 430 mil pesos a la semana
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fijó una cuota de 30 pesos semanales a los 81 mil maestros que agrupa para solventar los gastos que se deriven de las detenciones de los cuatro docentes detenidos y recluidos, desde el viernes pasado, en el penal de El Altiplano.
Con esta asignación el gremio que encabeza Rubén Núñez Ginez recopilará 2 millones 430 mil pesos a la semana.
Hoy, a partir de las 09:00 horas, maestros de la Coordinadora realizarán movilizaciones regionales para exigir la liberación de los cuatro maestros, como parte de los acuerdos a los que llegaron durante su asamblea estatal, realizada este fin de semana.
Las marchas incluyen bloqueos de carreteras, toma de centros comerciales, de oficinas estatales y federales.
También organizarán una marcha que partirá desde Oaxaca hacia el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
En los acuerdos se establece un boicot contra las evaluaciones de desempeño, que comenzarán a aplicarse este 14 de noviembre. Convocaron a bloquear las sedes que se utilizarán para el examen, así como las carreteras de acceso a las ocho regiones del estado.
Advirtió que no firmarán ninguna notificación que emita el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sobre la realización de la evaluación docente, para evitar que se sigan incrementando las medidas que impulsan las autoridades.
Anunciaron la creación de una comisión ciudadana que estará interponiendo una demanda jurídica contra el Instituto, para denunciar los atropellos que se tienen en esta nueva etapa.
La CNTE emplazó a los gobiernos estatal y federal a retomar la vía del diálogo y de la negociación, para solucionar los 11 puntos del pliego petitorio del magisterio disidente, entre los que destaca un aumento salarial del 100 por ciento y dar marcha atrás a la Reforma Educativa.
El secretario de Asuntos Jurídicos del gremio, Jerónimo Martínez, informó que está en proceso un amparo, para que los docentes detenidos sean reubicados en penales de la entidad.
Señaló que ya presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los delitos de tortura, desaparición forzada contra el Estado mexicano, por la forma como fueron detenidos los maestros.
La madrugada del jueves pasado fueron detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García y Efraín Picazo Pérez, acusados de motín, contra el consumo y riqueza nacional, robo agravado en la toma de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, destrucción de material electoral durante los comicios del 7 de junio y del robo de 10 mil libros de texto gratuitos, propiedad de la SEP. Por estos ilícitos podrían alcanzar una penalidad que va de los tres a los 40 años de prisión.
La Razón/María Cabadas
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