Pide TEPJF debatir suspensión temporal a partidos por irregularidades

México, DF. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, manifestó en el Senado que se debata la posibilidad de transitar a la suspensión temporal de la vigencia del registro a los partidos políticos que violen el modelo de comunicación en el proceso electoral.

Al participar en el conversatorio “Experiencia y reflexiones del proceso electoral 2014-2015”, realizado en el Senado, el magistrado detalló que “creo que el régimen punitivo o el régimen de sanciones en el procedimiento especial que se tramita contra los verdaderos atentados contra el modelo de comunicación política en los procesos electorales en mi perspectiva está con énfasis al tema de la multa, es decir, al tema de la sanciones pecuniarias, se hace eco de la multa como la medida más eficaz, ejemplar y disuasiva en esta clase de conductas”.

Sin embargo, destacó hay un debate muy fuerte, donde se hace justicia, de que si las multas que al final se pagan con financiamiento público estatal “son verdaderamente eficaces y ejemplares para disuadir este tipo de conductas”, por ello aseveró: “dejo en el debate de los senadores la posibilidad de transitar a la suspensión temporal de la vigencia del registro de los partidos políticos en el propio proceso electoral o con posterioridad al mismos, ponerlos en un punto de equilibrio, lo digo como un juez, abramos el debate vigoroso y abierto para encontrar soluciones intermedias”.

Por su parte el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que al hacer un corte de caja de la reforma electoral de 2014, hoy lo que podemos decir es que el modelo funciona. La reforma luego de su primera prueba del ácido demostró su viabilidad”.

Sin embargo apuntó que se requiere una nueva reforma ya que hay modificaciones legales pendientes, como la ley reglamentaria del 134 que no se procesó desde 2007, “incluso en la reforma de 2014 se estableció un transitorio por el que debería expedirse esa ley reglamentaria en un año y tampoco se hizo”.

Apuntó entre los elementos que deben revisarse para una eventual reforma: la legislación reglamentaria del 134; las medidas cautelares del proceso sancionador; regular de mejor manera las candidaturas independientes porque hay una serie de pendientes como su financiamiento y la modernización de los tiempos de fiscalización.

También pidió revisar los montos destinados al financiamiento público de los partidos políticos: “tal vez valga la pena racionalizar los montos que se invierten en la política, porque todo esto acaba redundando y alimentando en lo que hoy es algo de lo que debemos tener mucho cuidado”.

Y subrayó, digamos: “un repensamiento en plano racional del financiamiento que se invierte por parte del Estado mexicano en el desarrollo de la política y de la democracia puede abonar en este sentido”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales , Santiago Nieto, destacó en el Senado que en el pasado proceso electoral se abrieron mil 793 averiguaciones previas. Destacó que los delitos que siguen cometiéndose en el proceso federal son: duplicidad de identidad y el domicilio irregular lo que se conoce como turismo electoral; la compra de votos, alteración, destrucción, condicionamiento de programas sociales, compra de voto y la violencia política contra las mujeres.

Destacó que en Chiapas se tuvieron casos de domicilio irregular de guatemaltecos a los que con actas falsas extemporáneas se les buscó credencial electoral.

El presidente del INE dijo que se debe debatir por lo menos si los presos tiene derecho al voto: “vale la pena discutir la posibilidad de que si las personas sujetas a proceso o pugnan alguna pena si se les reconoce ese derecho o se les excluye del proceso de decisión política”.

En tanto, el magistrado Constancio Carrasco también defendió la posibilidad de que las mujeres reclusas puedan sufragar. Dijo que la Comisión Europea ya determinó que los presos pueden votar y también en Canadá ya se abrió ese derecho.

La Jornada/Víctor Ballinas

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