Exigen intervención de organismos para detener maltrato a reos en el Altiplano

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Toluca, Méx. Familiares de internos del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, exigieron hoy la intervención de organismos de derechos humanos para detener los maltratos, humillaciones y castigos de que son víctimas reos de esta cárcel federal, quienes han protestado por las nuevas medidas de seguridad establecidas por la nueva dirección del centro.

Mencionaron que a raíz de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el 11 de julio pasado, y del cambio de director de este penal, la situación para los internos es más difícil por la constante intimidación y maltrato para la población penitenciaria. Ahora las medidas de seguridad, dijeron, rayan en violar las garantías de los reos y de sus familiares.
Los reos fueron despojados de sus pertenencias, como televisiones, libros, revistas y relojes que eran permitidos por la anterior dirección.
Se incrementaron también las medidas de seguridad para el ingreso de familiares y es recurrente que impidan el acceso a los parientes, bajo el argumento de que “tienen una imagen inusual”, sin que les expliquen qué significa esto.
El ambiente al interior del centro penitenciario es de mucha inconformidad, relató la esposa de un interno, quien dijo que son constantes las huelgas de hambre de los internos como medida de protesta.
A quien participa en las huelgas lo castigan con la cancelación de las visitas familiares por 170 días, o le restringen el derecho de salir al patio por semanas o meses. Se han cancelado actividades, como pintura y talleres de lectura.
En el último mes se han registrado varios cambios al interior del penal, pues 49 reos han sido reubicados en otros penales, como el de Nayarit y Hermosillo, además de que una docena fueron extraditados.
Los familiares han solicitado entrevistarse con el nuevo director para conocer el reglamento que se aplica, pero el funcionario se ha negado a recibirlos.
Para esta tarde han pogramado una protesta pacífica en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno.
La Jornada/Israel Dávila

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