Exigen en Chiapas liberación de indígena chol

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San Cristóbal de Las Casas, Chis. Catequistas y promotores de derechos humanos de la diócesis local y familiares exigieron la liberación del indígena chol, Salomón Vázquez Sánchez, preso desde hace casi un año, acusado del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un elemento de la Policía Federal, de nombre Israel Darik Díaz Martínez.

En rueda de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dijeron que el “injusto” encarcelamiento ocurrió ocho años después de los hechos sucedidos en 2006, cuando Vázquez Sánchez se desempeñaba como agente rural municipal del ejido Suclumpa, municipio de Salto de Agua, situado en el norte de la entidad.

Explicaron que el 19 de enero de 2006 llegaron al citado ejido dos agentes de la Policía Federal para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Floriberto Vázquez Montejo, pero como no estaba pretendieron llevarse a su hermano José Oliverio, quien se le parece físicamente.

Añadieron que José Oliverio huyó, por lo que los policías lo persiguieron y le dispararon con sus armas de fuego.

Señalaron que las autoridades comunitarias encabezadas por Salomón detuvieron a Díaz Martínez y le cobraron una multa de cinco mil pesos, según los acuerdos tomados con anterioridad por los pobladores.

“Como promotores de derechos humanos decimos que no hay delito porque la actuación de Salomón fue en calidad de autoridad comunitaria fundamentada en los acuerdos internos del ejido, los usos y costumbres que prohíben disparos de arma de fuego y por la Ley Orgánica Municipal”, afirmó Nicolás Méndez Arcos, coordinador del Comité Comunitario de Derechos Humanos Valle Tulijá, dependiente de la parroquia ubicada en el municipio de Salto de Agua.

Añadió que Vázquez Sánchez “cumplió con la ley porque puso a disposición de un agente del Ministerio Público al agente federal”, además de que se firmó un acuerdo en el que Díaz Martínez y funcionarios federales, estatales y municipales se comprometieron a no interponer demanda penal alguna en contra habitantes de la comunidad.

Méndez Arcos manifestó que a Salomón, quien está recluido en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, “se le acusa de que los cinco mil pesos que se le cobraron fueron como rescate y no es así, pues se trató de una multa basadas en los usos y costumbres que sancionan los disparos de arma de fuego en la comunidad”.

Isabel López Sánchez, esposa del acusado, exigió su liberación porque “no cometió ningún delito”, y dijo que sus seis hijos “han truncado sus estudios por la falta de recursos económicos, ya que el único ingreso familiar era el que ganaba mi esposo”.

El catequista Agustín Peñate Jiménez expresó que “desde la palabra de Dios vemos que el encarcelamiento del hermano Salomón es injusto porque el delito del que se la acusa es totalmente falso”.

La Jornada/Elio Henríquez

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